En nuestro editorial afirmamos días atrás que con Lula o Bolsonaro, Brasil seguirá siendo Brasil con Paraguay. Aclaramos eso consciente del maniqueísmo, que siempre hay cuando uno asume una posición. Nos interesa que el país tenga un buen gobernante 2023, pues triunfe quién triunfe en el vecino país, el trato no va a variar para beneficio de la nación guaraní, más que para ciertos actores políticos, empresariales, sociales y vividores a costa de ideologías o agendas mundiales, que nunca faltan.
Dicho eso nos ratificamos en el daño que se hace cuando por cuestiones ideológicas hay protección a sindicados de hechos criminales y delincuencia en general. Un ejemplo es la situación de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Fue el gobierno de Lula, el primer gobierno que les brindó el manto de impunidad. Posteriormente, ante la caída de la izquierda en Brasil, pasaron a Uruguay en ese tiempo también con gobierno de dicha tendencia de pensamiento. De ahí, pasaron a Finlandia tras el intento fallido de quedarse en Argentina.
Desde Europa, Juan Arrom Suhurt usó sus redes sociales para alentar a Lula, convencido que con el brasileño en el poder seguirá asegurada su impunidad: «Lula 55% Innombrable fascista 45%. Por Brasil y América Latina Socialista», afirmó. Ya antes de las primarias destacó que la «ultraderecha brasileña puede sufrir un duro golpe: La victoria de Lula en la primera vuelta», apuntó.
Tiene el absoluto derecho a respaldar a quien desee. Nuestra intención sólo es mostrar, que nada es casualidad. Obviamente, el aporte de Arrom y compañía será, como contrapartida, trabajar por lo él expresado, la «América Latina Socialista». Tampoco criticamos eso. Sí reiterar que la delincuencia no tiene que ser protegida por izquierda, derecha ni centro. Algo que está dándose de manera cuasi abierta y eso pone en peligro la seguridad jurídica, dentro del concepto definido por la democracia. El castigo o la pena lo define la Justicia, no el Ejecutivo de ningún país.
Debemos recordar que Arrom, dentro de la mal entendida solidaridad entre compañeros de la izquierda, hasta pretendió sacar US$ 63 millones del Estado paraguayo presentándose ante la misma Corte Interamericano de DD.HH como perseguido político. Lo hizo acompañado de toda la izquierda nacional. Incluso recibió la asesoría de la comunidad socialista internacional. Ante todo lo ya conocido, y lo que pueda venir en el futuro, más que nunca, Paraguay tiene que sostener una campaña para revocar el estatus de Arrom, Martí y Colmán.
No se puede permitir que siga la burla hacia las instituciones. Como país soberano, Paraguay debe hacer valer su voz en el campo internacional. Más ahora que se escuchó en la boca del politólogo y miembro de la Fundación para la Defensa de la Democracia de Washington, Emanuel Ottolongui, que por medio de la diplomacia, el Ejecutivo del Paraguay es usado por los EE.UU como un campo de experimentación. Algo que no sucede en la Argentina, donde los políticos corruptos y de dudosas conductas compiten con los nuestros, o en Brasil, donde ambos que pugnan por la Presidencia, por qué no decirlo, no dejan de tener serios reparos en el manejo de los bienes públicos.
Proteger a prófugos por cuestiones ideológicas atenta contra el derecho internacional. De igual manera es bastardo, bajo el pretexto de la unidad ideológica, sean de derecha, izquierda o centro, aspirar a monopolizar pensamientos políticos, más aun con malandros como operadores. Tampoco es correcto que los grandes centros de poder sean discriminatorios para intervenir en procesos electorales nacionales. Ni es saludable pretender acomodar, establecer, afincar o asentar agendas globalistas para destruir la esencia de los pueblos y tradiciones familiares. Las ideologías, las que sean, no pueden pisotear ningún Estado de Derecho. Menos amparar, resguardar ni escudar a prófugos sindicados de traer dolor y luto a los pueblos.
