El veto del Poder Ejecutivo a la ampliación presupuestaria de la Fiscalía mostró la división que hay en el Senado sobre esta institución. Por un lado, el senador, Fernando Silva Facetti, del PLRA, dijo que el presidente, Mario Abdo Benítez, se equivoca y deja de lado las recomendaciones de Gafilat, mientras Carlos Filizzola dijo que no es conveniente dar ahora más dinero a la fiscal general, Sandra Quiñonez, que no goza de su confianza.
Según Silva Facetti, Marito pone en riesgo la institucionalidad de la Republica al incumplir las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tras el veto total de una ampliación presupuestaria de G. 64.707.532.946 solicitada por el Ministerio Público. Gafilat es una organización intergubernamental de base regional, que agrupa a 17 países de América del Sur, de Centroamérica y América del Norte, creada para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este organismo recomendó a Paraguay el fortalecimiento de la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), explicó el legislador.
“Trabajamos tanto para que el Paraguay no esté en la lista gris de Gafilat. Son dos instituciones que deben tener una excepción a la regla, son claves para el funcionamiento del país”, dijo Silva, hablando con varios medios de prensa.
La Fiscalía tenía proyectado crear 49 unidades para el fortalecimiento de la lucha contra delitos económicos, corrupción, narcotráfico y abuso sexual en niñas y niños, entre otros. Además, quería habilitar unidades penales en ciudades como Mayor Otaño, Encarnación, San Pedro del Ycuamandyyú, San Lorenzo, Capiatá, Luque, etc. En su proyecto figuraba también la remisión de recursos para gastos de funcionamiento y capital, contratación de médicos forenses, de psicólogos, trabajadores sociales, peritos, choferes, aparte de la adquisición de detectores de metales, escáneres, equipos de laboratorio para ADN, microscopio comparador, discos duros para pericia forense, unidades móviles con su respectivo combustible, pago de servicio de energía eléctrica y pago de alquileres en ciudades de todo el país.
Sin embargo, nada de eso no conviene ahora, según el crítico de la Fiscalía, el senador, Carlos Filizzola que defendió la tesis de que la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez debió ser enjuiciada políticamente y destituida. “Es muy cuestionable el dinero sobre la ampliación presupuestaria. Nosotros no estamos de acuerdo con su gestión”, señaló.
