En términos futbolísticos, podría decirse que «le están haciendo la cama». Esta expresión coloquial, ampliamente utilizada en el ámbito laboral, describe la acción de trabajar en secreto para perjudicar a alguien.
En las últimas semanas, hemos observado con preocupación la posibilidad de una conexión inquietante entre servidores públicos y grupos criminales de gran envergadura. Lógicamente, esta connivencia permite que delincuentes manejen nuestras cárceles. Ahora, creemos también que ambas partes han coludido con el objetivo de desacreditar al Ministro Angel Barchini. En la misma línea, en estos días fuimos testigos que el cuerpo policial, o al menos parte de este, esta dando claras señales de estar «haciendo la cama» al jefe de la cartera.
Pocas veces, por no decir nunca, se ha visto que personal policial salga públicamente a dejar entrar en polémica con un Ministro. Claramente, la Policía Nacional se erige como fuerza pública obediente y no deliberante, por lo que llaman mucho la atención las declaraciones públicas realizadas por efectivos de la policía respecto a la supuesta alerta que se habría dado al Ministro sobre el atraco al transportador de caudales ocurrido en Itapúa.
Una serie de declaraciones que contradicen la versión de la cartera de Estado intenta poner descrédito sobre su figura. Más allá de que la alerta haya o no existido, o que esta haya sido librada o no mediante los conductos protocolares pertinentes, el hecho resaltante es la divulgación del dato de manera pública y a gran escala por parte de efectivos policiales.
Este posible complot plantea serias preguntas sobre la integridad de ciertos sectores encargados de hacer cumplir la ley. Resulta alarmante considerar que individuos dentro de las fuerzas de seguridad, que deben velar por la seguridad y el bienestar de la sociedad, podrían estar conspirando con elementos criminales para socavar la labor del gobierno. En caso de que se confirme esta trama, la confianza en nuestras instituciones se verá gravemente comprometida, erosionando los cimientos mismos de la democracia.
Hoy más que nunca es imperativo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer estas sospechas y garantizar la transparencia en el proceso. La ciudadanía merece respuestas claras y acciones contundentes para salvaguardar la integridad de nuestras instituciones democráticas.
En este momento crítico, la unidad entre los Ministerios de Justicia e Interior con las fuerzas policiales es vital; sin embargo, el vínculo parece roto al punto de verse públicamente como enemigos. Es imperativo retomar la unidad de aquellos que deben velar por nuestra seguridad y libertad, lo cual es fundamental para restaurar la confianza y mantener la estabilidad en nuestra democracia.
