El sistema penitenciario de nuestro país enfrenta una crisis de proporciones alarmantes, evidenciando una realidad que se transforma en una bomba de tiempo.
El 10 de octubre, el motín en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú destapó una serie de situaciones que han llevado a las cárceles a convertirse en territorios liberados para organizaciones criminales.
Después del motín, los agentes penitenciarios, en lugar de restablecer el orden, sorprendentemente se alinearon con la organización criminal conocida como «Clan Rotela», actuando prácticamente como voceros de los reclusos. Desde entonces, han mantenido una manifestación ante el supuesto incumplimiento de promesas de las autoridades del Ministerio de Justicia.
El 7 de noviembre, un asalto con bombas a un transportador de caudales en General Delgado, Itapúa, conmocionó al país. Dos muertos, detonaciones y bloqueo de una ruta nacional para un multimillonario botín marcaron la violencia del acto. Días después trascendió que este atraco se planificó desde la penitenciaría de Encarnación, conocida como CERESO (Centro de Rehabilitación Social).
El 12 de noviembre, el Ministerio de Justicia intervino la Cárcel de Pedro Juan Caballero, en Amambay, ante la amenaza de un plan de fuga masiva del Primer Comando Capital (PCC). La intervención se centró en el Pabellón A, ocupado por miembros del grupo criminal brasileño, con cambios recientes en su infraestructura detectados por informes de inteligencia.
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La cárcel de Pedro Juan Caballero tiene antecedentes de fuga masiva de reclusos. La más relevante fue la del 19 de enero de 2020, cuando un gran número de reclusos, principalmente miembros del PCC, escaparon. En aquella ocasión habían logrado escapar unos 79 reclusos, a través de un túnel, cavado en unas de las celdas.
El problema con la cárcel de Tacumbú continua, ya que el Sindicato de Agentes Penitenciarios anunció recientemente una nueva huelga de hambre frente al Ministerio de Justicia debido al incumplimiento de acuerdos, incluida la falta de nombramiento del jefe de seguridad en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y la ausencia de seguro médico y respuestas sobre el reajuste salarial.
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La falta de estrategia y coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad interna del país quedó al descubierto con el asalto en Itapúa, donde la Policía Nacional supuestamente habría advertido al Ministerio de Justicia sobre un golpe planeado desde la Penitenciaría Regional de Itapúa semanas antes.
Los hechos relatan un panorama desolador donde las cárceles, lejos de cumplir su función de reclusión y reinserción social, se han convertido en imperios de organizaciones delictivas, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad del país.
