La vorágine de las informaciones del día a día hace que, en muchas ocasiones, lamentablemente, temas urgentes pasen a un segundo plano e incluso queden rezagados y fuera de la agenda. Uno de estos temas es la crisis del sistema penitenciario, que tiene como epicentro lo que un conocido documentalista extranjero describió como «la sucursal del infierno en la tierra»: nos referimos al Penal de Tacumbú.
La comparación mencionada con el reino de las tinieblas se queda corta cuando empezamos a conocer la realidad del penal: el hacinamiento de los reclusos es insostenible, al igual que el dominio absoluto del Clan Rotela, como se evidenció en el último motín ocurrido el pasado 10 de octubre. Se ha convertido en un auténtico «Estado paralelo» que actúa a su antojo, resultado de la endémica corrupción que sufre nuestro país desde hace mucho tiempo.
En este sentido, es sumamente oportuno destacar la opinión de la jueza especializada en crimen organizado, Rosarito Montanía. En efecto, la magistrada ha trazado un plan claro, preciso y conciso: «Creo que a corto plazo es necesario cerrar Tacumbú, reducir la población penitenciaria, redistribuir a las personas privadas de libertad (PPL) y colaborar con la Corte Suprema de Justicia en los casos de PPL que no tienen condenas. Esto no puede ser realizado por un juez de manera independiente. Debe reducirse la población y, a mediano y corto plazo, considerar el cierre de Tacumbú y su reubicación», expresó en una entrevista con La Tribuna.
Es esencial que las autoridades muestren la voluntad política necesaria y estén a la altura de las circunstancias para llevar a cabo esta tarea. De lo contrario, será demasiado tarde para desactivar la bomba llamada Penal de Tacumbú.
