Hace un par de semanas, el gobierno había emitido el Decreto N° 523, mediante el cual vetó completamente el proyecto de Ley N° 7187 que buscaba desafectar del dominio privado del estado la finca 916. De esta manera, las tierras de Remansito pasaron a ser aseguradas a favor del Ministerio de Defensa, al menos en papel.
Hoy, la Procuraduría anuncia el inicio de acciones judiciales contra los ocupantes que no han devuelto voluntariamente la posesión de los terrenos, con el propósito de llevar a cabo la recuperación efectiva de los inmuebles. Es fundamental reconocer la importancia de las acciones de desalojo que serán promovidas por la Procuraduría General de la República contra los ocupantes precarios en la propiedad del Ministerio de Defensa. La defensa de los bienes del Estado es un deber ineludible de cualquier administración gubernamental responsable y no puede limitarse a meras declaraciones formales y documentales, sino que debe manifestarse con acciones concretas.
La propiedad pública representa un patrimonio compartido por toda la nación, cuyos recursos deben destinarse a beneficios y proyectos que impacten positivamente en la sociedad. La ocupación irregular de estos terrenos, además de ser ilegal, impide el uso adecuado de los mismos para fines que podrían beneficiar a la comunidad, como la construcción de infraestructura pública que beneficie al país.
El desalojo es una medida necesaria para garantizar la propiedad del Estado, pero también para prevenir la proliferación de ocupaciones ilegales que socaven el sistema legal. Incluso, el ejemplo podría extenderse a la propiedad privada. Asimismo, esta acción contribuirá a mantener la transparencia y la integridad en la gestión de los bienes estatales, evitando la corrupción y el mal uso de recursos públicos.
Velar por los bienes del Estado es esencial para la estabilidad y el desarrollo de la nación paraguaya, promoviendo la igualdad, el respeto a la ley y la inversión en proyectos que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos. Estas acciones de desalojo serán fundamentales para proteger el patrimonio de todos los paraguayos y para asegurar que las declaraciones documentales de los gobernantes se traduzcan, de una vez por todas, en acciones efectivas en cumplimiento de la ley.
