Carlos León Campos, condenado a 13 años y 6 meses de cárcel por violación a la Ley de Armas, no podrá salir a trabajar tal como había dispuesto la jueza de Ejecución Penal, Sandra Silveira Benítez. La Fiscalía se opuso, apeló la resolución de la mencionada magistrada y el Tribunal de Apelación hizo lugar a la objeción de la Fiscalía.
León Campos había pedido permiso a la jueza Silveira para trabajar en la empresa Wine Bar S.R.L., cuya sede se encuentra en la ciudad de San Lorenzo. La jueza había concedido la petición, pero el Tribunal de Apelación anuló esa decisión.
Se trata de un juicio terminado. El caso había llegado hasta la Corte Suprema de Justicia que había confirmado la condena. El pedido de permiso para salir a trabajar quedó a cargo de la jueza de Ejecución Penal, donde el procesado intentó obtener el privilegio de «preso sambuku», como se conoce en la jerga popular. No tuvo éxito.
Era un caso del año 2016. Se había hecho un allanamiento en Asunción en una casa donde fueron encontradas varias armas. Por ejemplo, un fusil AK 47, ametralladoras, municiones de varios calibres, silenciadores, explosivos y cordones detonantes.
El condenado buscó la forma de conseguir su libertad en todas las instancias, pero no logró. Ahora nuevamente buscó, cuando parecía que ya lograba, el Tribunal de Apelación anuló la resolución de la jueza. No se cumplen las condiciones, dice el Tribunal y que considera que un caso relacionado al tráfico de armas no se puede tomar a la ligera.
