Los recientes allanamientos simultáneos realizados por el Ministerio Público en las instalaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) se dan como consecuencia de las múltiples denuncias que se han venido realizando desde hace tiempo. La Controlaría había emitido un informe según el cual varios puntos reunían méritos suficientes para una investigación. Estas acciones fiscales buscan recolectar pruebas en relación a presuntas malversaciones de fondos y la ejecución de obras que habrían sido pagadas pero nunca llevadas a cabo, entre otras.
Estas investigaciones son un paso importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas en un país donde la corrupción ha sido un problema persistente. La misión del Ministerio Público de desentrañar posibles casos de corrupción en una entidad tan vital como el IPS es un paso para lograr transparencia en la dañada institución.
La sociedad paraguaya espera que estas acciones judiciales contribuyan a esclarecer lo ocurrido durante el gobierno anterior, y de ser posible recuperar los recursos malversados. Nuestra gente espera le sea garantizada atención médica y la seguridad social, y que estas sean proporcionadas de manera eficiente y efectiva.
El trabajo de la Fiscalía será fundamental para determinar la existencia de hechos denunciados, los cuales son sumamente graves. El resultado del proceso, en caso de comprobarse los supuestos sospechados, debe ser el elevamiento a juicio oral. Del modo en que se tramite esta causa dependerá la certeza que mañana tendrán los asegurados y jubilados de que sus recursos públicos son utilizados de manera adecuada y que los servicios esenciales a los que tienen derecho no se ven comprometidos por la malversación de fondos.
Las nuevas y futuras autoridades del IPS entenderán que ya no hay cabida para cuestiones oscuras. El proceso iniciado permitirá limpiar al Instituto de Previsión Social de agentes corruptos que durante años corroyeron el cimiento mismo de la previsional.
