Durante los primeros días de octubre iniciarán las renegociaciones del Anexo “C” del Tratado de Itaipú, y más que nunca tenemos la brillante oportunidad de revertir las decisiones prácticamente impuestas por el Brasil en aquella época. Han pasado 50 años, los tiempos han cambiado, las coyunturas son diferentes. Podríamos decir que a esta altura no hay nada que temer y podemos jugarnos el todo por el todo en reclamo de nuestros legítimos derechos.
Ha sido recurrente el tema Anexo “C”, principalmente durante los últimos años, aunque la ciudadanía tal vez no conozca con exactitud de que trata este apartado del tratado, ni que es lo que perjudica a nuestro país, o en su caso cuál es el beneficio que significaría para el Paraguay mejorar las condiciones establecidas.
En el año 1973, ante un contexto histórico delicado para nuestro país, Paraguay y Brasil suscribían el Tratado de Itaipú. El “Anexo C”, último de los tres que componen el tratado, es nada menos que el encargado de regular la distribución de energía eléctrica generada en la represa de Itaipú. De ahí su notable trascendencia; este anexo establece las bases y condiciones bajo las cuales ambas partes acordaron compartir la energía.
Constantemente hemos oído decir que el anexo en cuestión es extremadamente beneficioso para el Brasil, en detrimento de los intereses paraguayos. Compatriotas han advertido que el Paraguay ha sufrido una inmensa pérdida de ingresos. Estamos seguros de que es éste el momento de superar la barrera que implicaban los delicados momentos históricos en que fue suscrito el tratado y por fin, gozar plenamente del producto de la binacional. El gobierno deberá poner su mayor empeño en revertir la desventaja y procurar por todos los medios equiparar los beneficios que otorga la binacional.
Los datos son contundentes e inadmisibles. Se estima que nuestro país solo ha logrado aprovechar el 8,9% de la producción energética de la hidroeléctrica, y solo el 17,9% de lo que le corresponde. El impresionante porcentaje de 82,1% de la energía ha sido cedida al Brasil en concepto de “compensación”. La principal injusticia radica justamente en esto, así como en el resultado de lo plasmado en el 73, de lo cual ha resultado que en promedio el precio pagado por Brasil por cada MWh al Paraguay habría rondado unos solo 4 USD. Categóricamente esto ya no puede ocurrir a esta altura de los tiempos.
La reivindicación de Paraguay en relación con el Anexo C deberá buscar un trato equitativo sin contemplaciones en la distribución de la energía eléctrica producida por Itaipú. Paraguay renegociará los términos del acuerdo, y debería tener como objetivo principal un precio justo por la energía que le corresponde.
Luego de 50 años nadie puede desconocer que el reclamo de un pago justo es una cuestión de soberanía extendida al campo energético. No solo se trataría de obtener un rédito económico justo, sino también de defender la soberanía nacional. De lo lograrlo, de nada nos serviría seguir jactándonos de ser dueños de la segunda hidroeléctrica más grande del mundo, ya que como hasta ahora, seguiríamos ocupando un papel menor, como si debiésemos pleitesía después de medio siglo.
Desconocemos a la fecha cuál sería la estrategia a la que recurrirá el gobierno, ni cuales serán los planteamientos que nuestros representantes harán a los brasileros, sin embargo la idea parecería “sencilla”: que los paraguayos podamos disponer plenamente de nuestra energía; cubrir las necesidades eléctricas de nuestro país; y que Brasil pague un precio justo, acorde al mercado si desea adquirir el excedente.
50 años después, debemos quitar de la mesa de negociaciones la palabra “compensación”, pues seguros estamos de que hemos compensado a los brasileros con creces. Abogamos porque nuestros representantes se vistan de próceres y en una gesta histórica logrando la recuperar del territorio que por medio siglo hemos cedido.
