Un primer signo de transparencia es el sometimiento al control. Más aún en la función pública. Dicha inspección, para que tenga signo de credibilidad, debe ejecutar una persona que no tenga ligazón con quien será observado. En una empresa privada hasta puede ser normal que el controller o síndico sea una persona de confianza. Aun así, tiene el deber de hacer bien su tarea. En la función pública, quien escudriña, además de carácter, debe tener autonomía de quien habrá de ser indagado. Finalmente, quien nada debe, nada habrá de temer.
Valga la introducción para destacar la intención de Abdo Benítez en colocar en la Fiscalía General del Estado a un funcionario que sea condescendiente con él y su entorno presidencial. Este diario publica en sus páginas algunos posibles hechos de corrupción que rodean al actual Gobierno. Los puntos citados siguen en estado de investigación, y aunque se quiera negar, estará en la atención del gobernante. Así también habrá de figurar en la agenda de preocupación de su mismo redondel presidencial.
Ya de por sí fue llamativa la renuncia de Mónica Seifart del Consejo de la Magistratura. Para parte de la prensa, su salida como representante del Ejecutivo de dicho cuerpo colegiado tiene como meta que ella sea integrante de la terna para liderar luego el Ministerio Público. Aunque otras voces que salen del mismo Palacio de Gobierno hablan que hay otros candidatos. Ellos son: Carlos Arregui, actualmente en el Banco Nacional de Fomento; Federico González, ministro del Interior. Incluso se menciona a Hernán Huttemann, también del anillo palaciego. Igualmente suena el nombre de Cecilia Pérez, actual asesora presidencial.
Sólo el tiempo podrá dilucidar si los citados efectivamente son los candidatos de Abdo o será otra persona. También el paso del reloj habrá de confirmar si el Presidente está en campaña por la FGE. Lo que sí queda claro es que hay varios indicios de corrupción que rodean su gestión y la de sus inmediatos asistentes o ex colaboradores. Ante dicha realidad es casi seguro que más de uno estará en el Palacio de Gobierno queriendo tener su propio fiscal general de Estado. Más todavía que es seguro que cuando deje el poder, más denuncias habrá sobre su gestión 2018/2023.
De pronto, es sensato vigilar el proceso de selección del nuevo fiscal del Estado. No está de más, por eso, poner la mejor fijación sobre las movidas, esfuerzos e intenciones que salen de la sede de Gobierno. La democracia exige que el primer sometido a contraloría sea el Presidente de la República. Sin embargo, eso puede ser fútil, inservible, ineficaz y estéril, si quien controla fue colocado para lo contrario; hacer un blanqueo de cinco años de mandato. Es hora que la política rinda cuentas al pueblo, y eso empieza con el Presidente de la República.
