Atentaron contra dos juezas en Amambay. Sicarios acribillaron la vivienda en la que se encontraban en un claro intento de acallar las voces de la justicia. Este nivel de terrorismo nos remite a la Colombia de finales de los 80 e inicios de los 90, época en la cual el narcotráfico, mediante actos violentos, sometía a los tribunales. Claramente, la situación se está yendo de las manos.
Hace pocas semanas respaldamos el pedido de reajuste solicitado por los magistrados, cuestión claramente relacionada con la inseguridad en que se encuentran hoy los jueces. Es que a partir de ahora parecería ser que se deberá contemplar no solo la responsabilidad de dictar justicia, sino también el riesgo de vida en que muchos incurren.
Es dable considerar que la carrera judicial se ha convertido en un empleo insalubre. Por un lado, las presiones políticas, el constante yugo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el manejo mediático de sectores con intereses y ahora los riesgos para la propia vida.
Miembros de la Asociación de Magistrados del Paraguay han solicitado protección para los jueces al Ministro del Interior, quien se comprometió a dar una respuesta eficiente a corto plazo. Y no es para menos, ya que de lo contrario, nuestra justicia pasaría a responder al terror. De ocurrir esto, nos encontraríamos ante la sentencia de muerte de nuestro sistema judicial y de gran parte del régimen republicano.
Es momento de asumir posturas firmes, acciones concretas y tomar decisiones implacables. Es obligación del Estado proteger a la nación de los agentes del terror, pero principalmente defender a aquellos ciudadanos que optaron por servir al pueblo en la noble función judicial. Podrán existir múltiples reclamos a nuestro sistema de justicia, sin embargo, se debe reconocer la precariedad en que prestan funciones. Dignificar la función judicial será, sin duda, un aliciente para nuestros jueces, un estímulo que permitirá disipar aquellos reclamos y quejas, y finalmente lograr el nivel de justicia que anhelamos.
Mientras no sean erradicadas estas amenazas, viviremos sometidos al terror que infunden los grupos criminales. El trabajo debe empezar con la prevención, mediante enérgicas medidas. Se debe castigar severamente tanto a ideólogos como a ejecutores de estos atentados. Las penas deben convertirse en ejemplos para que ningún grupo criminal vuelva a considerar siquiera atentar contra el estado de derecho en la República del Paraguay. Blindemos a los funcionarios que ejecutan el deseo popular, que no es otro que vivir en paz.
