Auditores del Poder Ejecutivo desembarcaron en el Instituto de Previsión Social y pretende analizar no sólo las irregularidades que la Contraloría General de la República reveló en su informe sino mucho más allá, entrando en distintas dependencias donde la Contraloría no lo hizo. Estas son, por ejemplo, los sectores de seguro social, contabilidad, inversiones, mantenimiento y servicios administrativos.
Los auditores ya están en la institución y tienen 90 días para hacer su propio informe; aunque ese plazo se puede ampliar. El nuevo presidente del IPS, Jorge Brítez, solicitó la auditoría.
Una de las principales irregularidades que la Contraloría General de la República había resaltado en su informe fue la detección de un monto superior a G. 1 billón que carece de documentos respaldatorios adecuados. Esta situación ha sido calificada por el Contralor General Camilo Benítez como «la más emblemática» dentro del informe. Benítez subrayó que, durante el proceso de consulta sobre los pagos realizados, se encontraron deficiencias en la documentación que respalda este monto.
Según se explica en el informe, la auditoría de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) reveló un monto aproximado de G. 500.000 millones en diferencia entre lo que se registra en los libros del IPS y lo que alegan los proveedores. Esta divergencia fue obtenida a través de un análisis cruzado de datos, ya que el IPS presentó obstáculos para proporcionar la documentación solicitada por la Contraloría. Para obtener información precisa, fue necesaria incluso una orden judicial.
Ahora, el nuevo titular el IPS, ordenó que los auditores ingresen en la Gerencia de Financiera y Administrativa, y Gerencia de Abastecimiento y Logística.
