La Ley es clara. El presidente de la República debe presentar su declaración jurada de bienes y renta, activa y pasiva, a la Contraloría General de la República 15 días después de dejar el cargo. Es la situación actual de Mario Abdo Benitez. Eso se puede encuadrar dentro de la rendición de cuentas general al que se somete todo ex gobernante dentro de un Estado de Derecho.
La declaración jurada es un paso legal al que se someterá el ex mandatario. Quedará a cargo de la Contraloría, cuya neutralidad y profesionalidad igualmente son observadas por la opinión publicada y la opinión pública. La justificación de la gestión en la administración pública fue justamente lo que vino a promocionar el coordinador Anticorrupción de EE.UU., Richard Nephew, quien estuvo por el Paraguay en octubre pasado.
En éste momento político que pasa la República, una de las tareas cruciales es la rendición de cuentas. Eso conlleva, además, los parámetros de gestión con relación a deudas, internas y externas. Amén de la situación que quedan los servicios de salud, educación y la solidez con que se hicieron las obras públicas, donde también se tendrán en cuenta los pagos ejecutamos, los porcentajes, y la calidad de productos utilizados, como los asfaltos, por citar un solo ejemplo.
Toda democracia encuadrada dentro de un Estado de Derecho, y si hay coincidencia en la búsqueda de lo mejor para la sociedad, opera por la vía institucional en pro de la rendición de cuentas. En ese sentido, el primero que debe hacerlo es la persona que ocupó el máximo cargo de la República; que manejó el poder desde el Ejecutivo. Así como eso corresponde, es función de la Contraloría hacer un examen prolijo y, en caso de inconsistencia, su tarea es remitir los antecedentes a la Fiscalía.
Ya lo afirmamos en un Editorial anterior: El poco éxito de la democracia paraguaya, por no decir el fracaso, pasa por la ausencia de la rendición de cuentas. En ese sentido, el primero que debe someterse al control formal y ciudadano es el primer gobernante. Una buena investigación fiscal y jueces probos es el combo para hacer justicia, que debe darse a favor del pueblo paraguayo.
