Mario Abdo Benítez tiene que someterse al control de la Contraloría General de la República. Como cualquier mortal debe ser investigado por el Ministerio Público. Por qué no, tiene que recorrer los pasillos del Poder Judicial, si necesario fuere. Se agotó su tiempo en el poder y por el daño que hizo a la República tiene que responder por sus actos, tal como tiene que ser dentro de un Estado de Derecho.
Él dejó disparar la deuda pública y la deuda externa. Hoy el Ministerio de Salud, por moroso, no sabe cómo hacer frente para seguir pidiendo fármacos a los industriales e importadores de remedios. Dejó empresas quebradas como COPACO, INC, y otros. No renegoció el Anexo C de Yacyretá. Ni se ocupó en esbozar algún plan sobre Itaipú. Lo único seguro es que su patrimonio creció injustificadamente.
Su administración, en estos cinco años, estuvo plagada de escándalos de corrupción y si logró sortear serios intentos de juicio político fueron gracias a la mano que le dio en su momento el cartismo, y también por el respaldo brindado por algunas embajadas en el país.
Ya antes de que cumpla un año de mandato, afrontó uno de los mayores escándalos por la firma del acta secreta de Itaipú. En aquella ocasión, la intervención del embajador americano, Lee McClenny, le dio una mano, al igual que Jair Bolsonaro anulando el acuerdo. Obvio, también estuvo el apoyo político del movimiento Honor Colorado, logrando así evitar su destitución. Sin embargo, ese su inicio ya reveló que la Nación guaraní nunca sería su prioridad. Por eso, dejó que Argentina terminé pagando muchísimo menos por la energía y Brasil siga con su mismo tranco de beneficiarse con la producción energética paraguaya.
Abdo Benitez debe rendir cuentas. En eso no tiene que haber dudas de la Contraloría, de la Fiscalia ni del Poder Judicial. Muy bien lo había expresado el coordinador Anticorrupción de EE.UU., Richard Nephew, quien estuvo en octubre pasado por el país: Una democracia es exitosa cuando el poder político y la función pública rinden cuentas.
En el mismo balance de la Embajada norteamericana en Asunción figura la ayuda que por segunda vez le extendió. Fue por su inicio de ineptitud en el manejo de la lucha contra el Covid-19. En todos los países de la región ya comenzaban las vacunaciones y Paraguay, que había desembolsado siete millones de dólares al mecanismo Covac, todavía no recibía una sola vacuna. Los Estados Unidos lo salvó con la donación de dos millones de vacunas, y desde ese entonces gente de los EEUU hizo una suerte de asesoría para sostener al raquítico y frágil gobierno.
Aún así, pese a la ayuda externa, su Gobierno dejó como saldo unos 20 mil muertos por Covid-19. Otra rendición que corresponde es, se dio en el marco de la pandemia del Covid-19, saber qué pasó de 16.000 millones de dólares, que le fue autorizado por el Congreso. Todavía quedan en el tintero otros casos de corrupción arropados con el pretexto de la pandemia. Deben ser aclarados cómo fueron utilizados dichos recursos y las compras que se realizaron durante la pandemia. Marito se fue sin recuperar el adelanto millonario entregados al mecanismo Covac.
En nuestras próximas entregas, de páginas informativas y editoriales, iremos dando otros hechos irregulares y de corrupción que afectan a Abdo Benítez y su entorno. Como el que toca a su mismo hermano, Benigno López, que aún tiene una denuncia fiscal por su mala gestión al frente del IPS, de donde luego pasó al Ministerio de Hacienda.
Un cruce patrimonial serio revelará la inconsistencia de su declaración jurada. Es que le será difícil justificar su crecimiento patrimonial. Amén de los privilegios que tuvieron las empresas ligadas a su familia, a la de su esposa, Silvana López Moreira y a los amigos de la primera dama. Incluso hay imágenes satelitales de Google que revela la transformación que experimentó su casa, desde el 2018 a la actualidad.
Éste simple repaso y resumen Editorial deja al buen observador que Marito, por su propio mismo nombre, debe ajustarse como cualquier ciudadano a la verificación de la Contraloría General de la República, a la investigación fiscal y al veredicto de la Justicia. Eso, incluso, estará acorde a la misma recomendación que en su momento hizo el coordinador Anticorrupción de EE.UU., Richard Nephew.
