Varios imputados intentaron salir de prisión o anular su imputación. Todos los pedidos al respecto fueron rechazados por los jueces del fuero penal. Hasta el intendente de Ciudad del Este tuvo su revés.
Fernando Román Fernández, directivo de Mocipar intentó anular el acta de imputación en su contra. La jueza Alicia Pedrozo resolvió no hacer lugar al incidente. La imputación es por estafa y ésta sigue, según la magistrada.
Patricia Ferreira recusó a un juez y el Tribunal de Apelación no hizo lugar a la recusación. Ferreira pretendió apartar a los miembros del Tribunal de Sentencia, Laura Ocampos, Fabian Weisensee y Cándida Fleitas. Estos informaron a sus superiores que la recusación es sólo un recurso dilatorio (chicana para los comunes) y fueron confirmados para dictar sentencia.
Otro que intentó en vano fue el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (Delitos Económicos) declaró inadmisible un recurso de reposición con Apelación en Subsidio planteado por la defensa de Miguel Prieto. Quiso anular un acta de recepción de la imputación. El Tribunal le dijo que su presentación estaba fuera del plazo.
En otro caso más fuerte, la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso de casación que el exintendente de Caazapá, Francisco Nicolás Sarubbi Brizuela, había presentado. Es más, la Corte confirmó la extradición de Sarubbi a Uruguay, donde la justicia exige su presencia por supuesto narcotráfico.
En otro tema, la esposa de «Aguacate» no podrá mudarse a Pedro Juan Caballero. La Cámara de Apelación confirmó la resolución del juez José Delmás, que niega a Gudelia Vargas, esposa de Marcio Sánchez alias «Aguacate», mudarse a Pedro Juan Caballero para seguir con su arresto domiciliario.
Por otra parte, el juez Gustavo Amarilla ordenó investigar el contenido de un celular. Autorizó la búsqueda y extracción de datos de un celular y de una notebook que fueron incautados de la casa de Carlos Oleñik Memmel, supuesto testaferro del narcotraficante, Jarvis Chimenes Pavão.
