A pesar de dos escándalos de corrupción y las declaraciones del director de la EBY Nicanor Duarte Frutos sobre un «caos financiero», el cuestionado funcionario Raúl Silva continúa percibiendo un jugoso salario de casi 80 millones de guaraníes mensuales sin desempeñar función alguna.
En medio de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del Covid-19, emergió en la escena un oscuro personaje: Raúl Silva Busto, quien se vio envuelto en el escándalo de lo que entonces se dió en llamar “insumos médicos chinos”.
Con conexiones políticas y un historial controvertido, Silva desempeñó un papel crucial en la gestión de insumos médicos procedentes de China.
Ingresó como funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá el 16 de agosto de 2018, coincidiendo con la asunción de Mario Abdo Benítez a la presidencia de la República. Su categoría, según la escala salarial de la EBY, le otorga un salario básico de 36.101.010 guaraníes, al que se suman bonificaciones que, en junio pasado, ascendieron a 43.431.206 guaraníes, resultando en un total de 79.532.116 de guaraníes.
En los primeros momentos de la pandemia Covid-19, Raúl Silva Busto se convirtió en una figura central en la administración de suministros sanitarios. El entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, reveló su participación en las negociaciones para la adquisición de insumos médicos. En aquel entonces, el director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, se apresuró en desmarcarse de Silva, afirmando que no actuó en nombre de la entidad, sino “a título personal”.
Las declaraciones de Duarte Frutos dejaron claro que Silva tenía un papel de superfuncionario, incluso participando en las reuniones del Consejo de la Defensa Nacional, la máxima instancia encargada de tomar decisiones en el marco de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19.
No obstante, los poderes extraordinarios de Silva no se limitaron a su designación como Secretario del Comité Ejecutivo de Yacyretá. El 20 de noviembre de 2018, a tres meses del inicio del nuevo gobierno, fue nombrado representante del Ministerio del Interior ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), por recomendación del entonces ministro de esa cartera, Juan Ernesto Villamayor.
Silva no solo era un funcionario público, sino que también se le consideraba una figura influyente en el círculo cercano del presidente Mario Abdo Benítez. En colaboración con Édgar «Beto» Melgarejo, Silva coordinó el transporte de insumos de empresas vinculadas a Justo Ferreira y Patricia Ferreira para el Ministerio de Salud Pública a través de un avión carguero. Sin embargo, estas acciones se vieron empañadas por un escándalo de corrupción y su posterior imputación por irregularidades.
Tras el escándalo Duarte Frutos lo destituyó en setiembre del 2020, dejándolo sin cargo. Este enigmático y polémico funcionario ocupó roles simultáneos en la EBY, en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y en el Consejo de la Defensa Nacional.
Su paso por Conajzar también estuvo marcado por manejos turbios. Silva acabó siendo imputado junto con otros miembros del consejo por la adjudicación irregular de los tragamonedas, un caso por el que sigue bajo proceso y que recientemente condujo a la suspensión de una audiencia.
A pesar de los escándalos y las imputaciones por presuntas irregularidades en Conajzar, Raúl Silva continúa en su cargo en la EBY, lo que plantea interrogantes sobre su influencia y la aprobación del director paraguayo Nicanor Duarte Frutos. Este último había mencionado la existencia de un “caos financiero” en la entidad, pero paradójicamente, se sigue pagando un salario millonario de casi 80 millones de guaraníes a Silva, quien no desempeña ninguna función, según fuentes internas de la EBY que lo han etiquetado como un «planillero VIP».
