En el transcurso del tiempo, la historia ha dejado en claro que la comunicación pública es un pilar esencial para el funcionamiento saludable de cualquier gobierno democrático. Es a través de una comunicación clara, transparente y efectiva que los líderes establecen una conexión sólida con la ciudadanía, demostrando su compromiso con la verdad y la rendición de cuentas. Lamentablemente, el gobierno de Mario Abdo Benítez ha demostrado un pésimo manejo de esta herramienta fundamental, llevando a la nación a un estado de peligroso descrédito y desconfianza.
Desde el inicio mismo de su mandato, el gobierno de Abdo Benítez enfrentó problemas significativos en el ámbito de la comunicación pública. El caso del «acta secreta de Itaipú» marcó un hito vergonzoso, colocándolo al borde de un juicio político. En lugar de abordar el asunto con transparencia y responsabilidad, el silencio y la opacidad fueron moneda corriente, dejando a la ciudadanía con una sensación de desamparo y desconfianza.
La crisis de la pandemia de COVID-19, por su parte, puso al descubierto aún más las deficiencias en la comunicación gubernamental. En momentos críticos en los que la población necesitaba líderes que enfrentaran la realidad con valentía, Abdo Benítez optó por esconderse y aparecer solo en momentos de celebración, desentendiéndose de su deber de informar y guiar al país. Este comportamiento solo sirvió para profundizar la brecha entre el gobierno y el pueblo, generando una creciente desilusión y descontento.
La falta de una comunicación pública efectiva tuvo consecuencias devastadoras para las instituciones del Estado. El Banco Central del Paraguay, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Policía Nacional, entre otros, han perdido credibilidad en el ojo público debido a su rol en la difusión de información cuestionable y contradictoria. El BCP, que debería ser una fuente confiable de datos económicos, ha sido manchado por escándalos y acusaciones de corrupción, erosionando la confianza en sus informes.
El INE, encargado de recopilar datos demográficos esenciales para la planificación y el desarrollo, protagonizó un fracaso en la realización del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Los resultados dudosos y los gastos millonarios malversados dejaron a la ciudadanía preguntándose si alguna vez podrá confiar en las cifras oficiales proporcionadas por esta institución.
Ahora aparecen voceros de la Policía Nacional señalando que bajó el índice de inseguridad lo que no corresponder con la realidad palpable en las calles. Los ciudadanos son testigos diarios de asaltos, robos y crímenes sin resolver, lo que contrasta con las declaraciones oficiales sobre la disminución de la inseguridad. Este desfase solo alimenta el escepticismo hacia las fuerzas de seguridad y sus acciones.
Todas estas deficiencias se dan estando en funciones el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), creado precisamente por Abdo Benítez, como un súper ministerio, pero que hasta ahora no justificó su millonario préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que fue la cabeza visible para matar la comunicación pública.
La consecuencia más alarmante de este deficiente manejo de la comunicación pública es el riesgo que representa para la democracia misma. La confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el gobierno se encuentra en su punto más bajo, lo que amenaza la estabilidad y el funcionamiento del sistema democrático. Sin una comunicación pública honesta y efectiva, la ciudadanía se encuentra perdida y desorientada, sin saber en quién confiar y dónde encontrar la verdad.
Es imperativo que los líderes gubernamentales comprendan que la comunicación pública no es una herramienta para esconder fallas o manipular la percepción de la realidad. Por el contrario, es un mecanismo esencial para construir la confianza y mantener una sociedad informada y empoderada. Sin esta base de confianza, la democracia está en peligro de colapsar.
Es de esperar que las autoridades que asumirán el próximo 15 de agosto comprendan que el futuro de la democracia en Paraguay depende de la capacidad del gobierno para reconocer y corregir sus errores en materia de comunicación pública. Solo a través de una comunicación abierta y veraz, se podrá recuperar la confianza y avanzar hacia un país más fuerte y unido. El pueblo merece líderes que estén a la altura de sus responsabilidades y que trabajen por el bien común, más allá de los intereses políticos partidistas. Solo así, se podrá evitar el peligroso declive hacia una crisis de credibilidad y asegurar un futuro democrático sólido para todos los paraguayos.
