En menos de un mes, el 13 de agosto de 2023, se cumplirán los 50 años desde la entrada en vigor del Tratado de Itaipú, y con ello, el plazo establecido en el Anexo C para la revisión de las bases financieras de la hidroeléctrica paraguayo-brasileña. Sin embargo, el gobierno saliente liderado por Mario Abdo Benitez no ha presentado una hoja de ruta concreta para lograr una renegociación que beneficie a Paraguay.
El Artículo VI del tratado establece que las disposiciones del Anexo C deben ser revisadas después de transcurridos 50 años, teniendo en cuenta el grado de amortización de las deudas de Itaipú y la relación entre las potencias contratadas por los dos países.
A lo largo de las últimas décadas, se han acumulado registros fidedignos, que revelan un desequilibrio abrumador en la distribución de la producción energética de Itaipú a favor de Brasil, en detrimento de Paraguay.
Durante estas casi cuatro décadas de producción de la usina hidroeléctrica, nuestros «socios paritarios» brasileños han aprovechado más del 90% de la energía binacional, mientras que Paraguay apenas ha recibido menos del 10% de los beneficios acordados.
Esta situación se ha perpetuado debido a la falta de exigencia por parte de los gobiernos paraguayos de turno, quienes no han reclamado el justo precio estipulado en el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966.
Disponer de toda la electricidad producida por Itaipú se considera un acto de patriotismo y soberanía para Paraguay. La renegociación del tratado permitiría establecer nuevas bases financieras que reflejen un acuerdo más equitativo entre ambas naciones.
Tras cinco años el gobierno de Mario Abdo Benítez no dejó una hoja de ruta para la renegociación con Brasil. Apenas iniciado su gestión el escándalo del “acta secreta” lo había puesto al borde de un juicio político. En estos cinco años, cambió cinco cancilleres y al actual, los brasileños simplemente lo desconocieron, alegando que ya conversarán con el gobierno entrante.
Es imperativo que el nuevo gobierno liderado por Santiago Peña, quien asumirá el cargo dos días después del vencimiento del plazo de 50 años, tome el desafío de la revisión de Itaipú como una prioridad.
Paraguay debe presentar una hoja de ruta clara y contundente que busque asegurar una distribución justa de los recursos energéticos, así como la compensación adecuada por los excedentes cedidos a Brasil.
La entrada en vigor del tratado de Itaipú, que tuvo lugar el 13 de agosto de 1973, marcó un hito en la relación bilateral entre Paraguay y Brasil. Ahora, llegado el momento de la revisión, es fundamental que se respeten las soberanías y se busque la igualdad de las partes contratantes, tal como se estableció en el acuerdo original.
La producción acumulada en 39 años de la central hidroeléctrica Itaipú ha permitido que Paraguay aproveche solo el 9,1% de la energía generada, mientras que Brasil ha recibido el 90,9%. El precio promedio pagado por Brasil a Paraguay por cada MWh cedido ha sido de aproximadamente 4,21 dólares.
En conclusión, el próximo 13 de agosto de 2023, se cumplirán los 50 años de vigencia del Tratado de Itaipú. Aunque no vence el tratado ni su Anexo C, se vence el plazo para la revisión de las bases financieras. El gobierno saliente no ha demostrado una hoja de ruta concreta para una renegociación beneficiosa para Paraguay. El nuevo gobierno asumirá la responsabilidad de enfrentar este desafío, y se espera que tome acciones para garantizar una distribución equitativa de la energía y una compensación justa para Paraguay.
