Cuando la información pública no se entrega en tiempo y oportunamente, no sólo se está jugando contra el derecho de las personas y los intereses de la Nación, sino también se actúa como directo operador del resquebrajamiento de la confiabilidad ciudadana en el Estado. Esto es lo que está ocurriendo con los datos e informaciones que sigue eludiendo entregar a la Contraloría General de la República el titular del Banco Central del Paraguay, José Cantero. Su acción está directamente apuntando a la destrucción del capital más importante del sistema financiero, que es la confianza del público, y en este caso por tratarse de la institución matriz bancaria, de la ciudadanía paraguaya.
Este acto, casi comparable con un delito de lesa patria, no sólo puede causar efectos dañiños para el propio BCP sino contaminar a todo el sistema financiero, con las previsibles e indeseables consecuencias nefastas que terminen afectando en profundidad un ámbito fundamental para un país que precisa una adecuada salud financiera para sus perspectivas de progreso.
El titular del BCP dio muestras de que puede “responder” rápida y categóricamente a las acusaciones recibidas a través de los sistemas de medios de comunicación, sobre todo cuando éstos no se atreven o evitan hacer preguntas comprometedoras, pero cuando el que requiere respuestas es el principal ente contralor de la república, con rango constitucional (que no es poca cosa), aparecen las excusas, los pedidos de “tiempo” y las vueltas que no hacen sino profundizar las sospechas sobre este funcionario y sus aláteres que tienen parte en los hechos investigados.
El estado secretista es propio de las dictaduras. La transparencia es un atributo fundamental de los sistemas democráticos. Y si las autoridades de la principal entidad bancaria no quieren entender esto, deben optar por retirarse del manejo de la gestión pública. Ya suficiente daño han causado a la Nación los funcionarios corruptos, prevaricadores y profesionales del ocultamiento y la opacidad. Es de esperar que con las próximas autoridades nacionales este tipo de personajes ya no tengan en sus manos los destinos de entidades clave del Estado y menos aún de instituciones que deben basar en la confianza pública su actividad, como es la banca matriz.
