En la noche del lunes, una operación conjunta entre el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional se desplegó una requisa en la penitenciaría de Ciudad del Este, específicamente en el pabellón ocupado por simpatizantes del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC). La intervención surgió como consecuencia de informes de inteligencia, y su resultado sacó a la luz la preocupante permeabilidad del sistema de seguridad carcelario paraguayo.
Durante la requisa, los agentes confiscaron una pistola semiautomática de 9 mm marca HS9 calibre 9mm, procedencia croata con tres cargadores y una cantidad no especificada de municiones, además de sustancias que analizarán por presunto contenido narcótico. Rubén Peña, director de establecimientos penitenciarios, calificó el hallazgo del arma como el hecho “más llamativo y preocupante”, y reconoció que el ingreso de este tipo de armamento revela la profunda vulnerabilidad de los controles internos.
Falla de seguridad descubierta en la penitenciaría de Ciudad del Este
Peña evitó señalar responsables directos, aludiendo a que aún es prematuro asignar culpabilidad. No obstante, se confirmó la apertura de sumarios administrativos para determinar las responsabilidades de los guardias en servicio durante el tiempo en que el arma pudo haber ingresado.
El funcionario explicó que las inspecciones en la penitenciaría se realizan actualmente de manera manual, ya que los escáneres y otros dispositivos tecnológicos disponibles se encuentran fuera de funcionamiento desde hace tiempo.
Esta carencia tecnológica expuso los límites del control institucional, situación que la presencia del arma, escondida en un “canuto” —término que en el ambiente penitenciario describe compartimentos secretos incorporados a las estructuras del penal, como paredes o pisos— dejó en evidencia.
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Preocupa el arma encontrada
La pistola hallada, considerada un arma de cuidado, requiere autorizaciones especiales para su portación, por lo que su presencia en manos de una persona privada de libertad representa una amenaza directa tanto para funcionarios como para internos.
Peña subrayó que su uso potencial es eminentemente ofensivo, lo que pone en riesgo la integridad de todos dentro del recinto.
El director reconoció que es razonable suponer que en otras penitenciarías también existen escondites similares, recordando el caso de Tacumbú, donde anteriormente se hallaron incluso armas largas en avanzado estado de deterioro, producto de haber estado enterradas por largo tiempo.
Aunque admitió que la situación evidencia una debilidad estructural persistente, también sostuvo que los recientes hallazgos son resultado de una mejora en la inteligencia penitenciaria y del compromiso de funcionarios que cumplen sus labores con profesionalismo. Esta línea de interpretación propone que, pese a las debilidades actuales, existe una mayor colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad y un avance, aunque incipiente, en las tareas preventivas.
Por último, Peña explicó que los guardias recientemente capacitados no están aún integrados a penales como el de Ciudad del Este, sino que prestan servicios en nuevas penitenciarías como la de Minga Guazú y en unidades habilitadas recientemente en Emboscada. Estos nuevos funcionarios cursan una tecnicatura de dos años y reciben un salario distinto al del personal más antiguo, con el fin de elevar el estándar profesional del servicio.
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