Al nuevo ministro de la Vivienda le espera mejorar las casas rústicas que entrega el Gobierno, detectar los focos de corrupción entre algunas empresas constructoras con los mismos funcionarios y, obviamente, ampliar significativamente la cantidad a favor de los ciudadanos.
Se sabe que la vivienda social y económica además de representar el techo propio genera fuente de trabajo y es motor que moviliza la economía. El novel jefe tomará la institución con un presupuesto dentro de un ejercicio fiscal 2023 que pretende mantener el promedio de inversiones de los últimos años. Eso, de por sí, resulta insuficiente. Ya no podrá modificar dicha realidad, por lo que su objetivo debe ser más ambicioso en el 2024.
Las calidad de las casas construidas entre las administradores anteriores no variaron mucho. Las viviendas siguen siendo muy pequeñas, con pocos espacios y con materiales, que están en dudas; de otra forma no estarían muy rápidas en situación de deterioro. Algo pasa, porque contrariamente sus valores crecen cada año.
No debe olvidarse que todo proyecto de urbanización tiene que tener una visión estratégica, acompañada con una infraestructura vial, reconversión urbana, agua y saneamiento, entre otros. Esa mirada estratégica nunca se hizo. Sin ir lejos, por eso Asunción y Central están sitiadas de poblaciones informales. Los asentamientos poco o nada son tenidos en fuente para dar vida formal a esa familias que viven en tales condiciones.
La administración de Santiago Peña debe saber que los proyectos a futuro, si son bien encarados, contribuirán al crecimiento del país por su alto impacto económico y social. Igualmente, debe poner mano dura para controlar el buen uso de donaciones extranjeras derivadas para la construcción de las casas sociales y económicas, y por observar los porcentajes que quedan por cada casa construida.
