El abogado Óscar Tuma presentó formalmente, en la mañana de este lunes, un pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, bajo la figura de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, amparándose en lo dispuesto por el artículo 225 de la Constitución Nacional.
La acción, de acuerdo con el abogado y exdiputado, fue impulsada por la «pérdida total de confianza» que se ha generado en torno a la conducción institucional del Ministerio Público, particularmente en el manejo del caso del exdiputado Eulalio “Lalo” Gómez, asesinado hace siete meses en un operativo de circunstancias todavía confusas.
Tuma anunció la presentación en la Cámara de Diputados, aclarando que su rol concluye en la entrega del proyecto, y que a partir de ese momento será una cuestión exclusivamente política la que determinará su curso.
Diálogo con diputados para posible juicio político a Rolón
«Voy a cumplir con lo que a mí me corresponde», afirmó Tuma sobre el juicio político, recalcando que no entabló conversaciones con parlamentarios para asegurar el patrocinio del documento. Reveló que, a pesar de mantener vínculos con varios legisladores, prefirió no recurrir a gestiones personales, por respeto al funcionamiento interno de las bancadas.
Durante la entrevista en la 1020 AM, Tuma fue categórico al enumerar las razones que motivan la acusación. Señaló la falta de acción del Ministerio Público en casos emblemáticos y de alto impacto para la sociedad, como el asesinato del diputado Gómez, el del fiscal Pecci, y otros que “traumaron a la República”.
Criticó el manejo “arbitrario y errático” de las causas judiciales, donde “cada fiscal actúa como si fuera una isla”, sin un criterio institucional unificado ni una conducción jerárquica clara.
Colapso institucional
Según el abogado, esto derivó en un momento de “colapso institucional”, con fiscales cuestionados por corrupción o incapacidad ética para ejercer sus funciones.
El detonante principal del juicio político encarado por Tuma, no obstante, ha sido la decisión de la Fiscalía General de desestimar la investigación del asesinato del exdiputado Gómez, a pesar de las órdenes judiciales que instaron a continuar con las diligencias.
“El juez en dos oportunidades le dijo a los fiscales que investiguen. Y aún así, ellos se ratificaron en su negativa”, subrayó Tuma.
Para él, la negativa sistemática del Ministerio Público a esclarecer los hechos no solo es alarmante, sino que compromete profundamente la legitimidad de su actuación. “No vamos a tener respuestas porque el Ministerio Público decidió no abrir una investigación”, denunció.
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Nuevos elementos en el caso Lalo Gomes
Cuando le preguntaron sobre los detalles del caso de Gómes, Tuma disclosed activamente nueva información: una asistente fiscal presuntamente ordenó la ejecución del diputado y su hijo en el operativo de Pedro Juan Caballero, pero las autoridades no investigaron formalmente esa acusación.
Esto implica activamente a la funcionaria Jessica Báez, quien, según Tuma, no fue citada a declarar. El ministro de la SENAD, Jalil Rachid, suspendió su comisionamiento, pero el Ministerio Público no tomó ninguna medida más.
La crítica se amplió al procedimiento de comiso de bienes de la familia Gómez, que, según Tuma, se ejecutó de forma totalmente irregular.
Incautación irregular de estancias
Denunció que se incautaron cinco estancias ganaderas, además de animales, sin orden judicial ni proceso abierto. “Ni siquiera todos los animales pertenecían a la familia del diputado”, dijo, acusando a las autoridades de actuar fuera del marco legal, afectando incluso bienes hipotecados, pertenecientes a terceros, y adquiridos hace décadas mediante préstamos bancarios.
La familia de Lalo Gómez ya no tiene esperanzas en el sistema judicial paraguayo, manifestó Tuma.
Anunció que están en conversaciones con especialistas en litigios internacionales para recurrir a instancias externas, al considerar que en Paraguay se ha clausurado cualquier posibilidad de justicia efectiva.
Objetivo del juicio político
El objetivo del juicio político es simbólico y estratégico a la vez: se busca sentar un precedente sobre la falta de control interno en la Fiscalía y el daño que produce al Estado de derecho. Aun así, reconoció que las expectativas de un cambio real son mínimas si el proceso político se mantiene condicionado por intereses partidarios.
“No pueden admitir que se equivocaron, porque eso implicaría asumir que la muerte del diputado fue consecuencia de un operativo mal ejecutado”, concluyó el abogado.
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