El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, ha anunciado a Juan Carlos Baruja como el próximo ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Baruja enfrentará una serie de desafíos cruciales para abordar el déficit habitacional en Paraguay y mejorar la situación de la vivienda en el país.
El déficit habitacional en Paraguay es una de las principales preocupaciones que debe enfrentar el próximo ministro. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el país tiene un déficit de alrededor de 1,2 millones de viviendas. Esta cifra alarmante demuestra la urgencia de tomar medidas efectivas para abordar esta situación y dar una respuesta a las miles de familias que no tienen un techo digno.
Otro desafío importante será mejorar la calidad de las viviendas en Paraguay. Muchas de las viviendas existentes en el país son de baja calidad y no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad. Esto afecta la calidad de vida de las personas y es un caldo de cultivo propicio para la marginalidad y la precariedad.
Además del déficit habitacional y la calidad de las viviendas, Baruja también deberá ampliar el acceso a la vivienda en Paraguay. Muchas personas en el país no tienen acceso a una vivienda adecuada debido a diversas barreras, principalmente económicas.
Se deben reforzar los planes que actualmente está ejecutando el MUVH, a través de los créditos AFD y otros planes de viviendas sociales, pero estos planes deben encararse dentro de una política de Estado que no se quede solamente con la entrega de casas.
Asentamientos precarios un mal de nunca acabar
El problema de los asentamientos precarios también es un desafío significativo que Baruja deberá abordar. No existen datos actualizados sobre esta realidad porque este tipo de conglomerados proliferan como hongos en las principales ciudades del país, con mayor impacto en el Área Metropolitana.
En 2016 se realizó un relevamiento de asentamientos precarios en el Gran Asunción y se identificaron 405 asentamientos informales donde viven más de 39.000 familias. Estos asentamientos carecen de infraestructura básica y servicios adecuados, lo que agrava la situación habitacional de sus residentes.
Uno de los principales desafíos en la solución de los asentamientos precarios es la respuesta estatal desde el asistencialismo, que fomenta el clientelismo y el oportunismo político.
Muchos de estos asentamientos son propiciados y financiados por políticos que luego se apropian indebidamente de las propiedades, comprando los derechos de los adjudicatarios. Esto perpetúa un círculo vicioso de pobreza y dificulta la implementación de soluciones sostenibles.
Además, la falta de una base de datos o censo de las familias adjudicadas y la falta de seguimiento permiten que muchas personas que recibieron viviendas las vendan y regresen a los asentamientos precarios, lo que agrava aún más la situación.
Es crucial establecer un sistema de seguimiento y control para garantizar que las viviendas asignadas cumplan su propósito y beneficien a las familias necesitadas. Esto implica la creación de una base de datos actualizada y precisa que registre a las familias adjudicadas y realice un seguimiento de su situación habitacional a lo largo del tiempo.
Además, se deben implementar mecanismos de control para prevenir la venta ilegal de viviendas y asegurar que permanezcan en manos de las familias destinatarias. Esto puede incluir la creación de contratos de adjudicación con cláusulas claras y medidas de fiscalización para evitar la corrupción y la apropiación indebida de propiedades.
