El traslado de un interno considerado de alta peligrosidad desde la penitenciaría de Encarnación hasta la Agrupación Especializada de la Policía Nacional se vio interrumpido este lunes en las cercanías de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, a causa de una nueva vulnerabilidad, situación calificada por las autoridades como un posible intento de rescate armado a un reo del PCC.
Bajo la orden expresa de una jueza de ejecución de Encarnación, el procedimiento se inició, pero se interrumpió por motivos de seguridad al detectar movimientos inusuales de un vehículo que seguía a la comitiva.
Viceministro confirmó nueva vulnerabilidad
El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, confirmó que una camioneta, ocupada presumiblemente por personas armadas, interceptó en la madrugada del lunes a la caravana encargada del traslado, lo que provocó la inmediata suspensión del procedimiento.
“Uno de los agentes incluso refirió haber visto armas largas”, explicó Maciel, quien detalló que los intervinientes decidieron retroceder para evitar un posible enfrentamiento.
A esa hora, aproximadamente las cinco de la mañana, el recluso ya estaba en tránsito y, tras la maniobra sospechosa, retornó a la penitenciaría de origen bajo fuerte custodia policial.
¿A quién rescataban?
Las autoridades identificaron al interno como Ignacio Ramón Rodas Galeano, vinculado al Primer Comando Capital (PCC), organización criminal que ha fortalecido su presencia en el sistema penitenciario paraguayo. Los informes del Ministerio de Justicia señalan que el detenido, con antecedentes por homicidio doloso y tentativa de robo agravado, ocupa un rol relevante en la estructura delictiva del PCC. Aunque no se especificó su rango jerárquico, su importancia motivó un intento por explotar una nueva vulnerabilidad para liberarlo.
La alerta se disparó a raíz del comportamiento sospechoso de la camioneta que, según los testimonios recogidos por los custodios, ejecutó maniobras intimidantes en plena ruta. La descripción del vehículo aún es incompleta; se confirmó que se trataba de una camioneta, pero no se especificaron detalles sobre color o tipo de cabina. Sin embargo, la coincidencia entre la peligrosidad del interno, su pertenencia a un grupo delictivo estructurado y los movimientos anómalos observados permiten sostener con firmeza la hipótesis de un intento de rescate.
Esta situación reabre el debate sobre la seguridad del sistema penitenciario nacional y la capacidad operativa de las autoridades para contener los embates del crimen organizado desde dentro y fuera de las prisiones. En los últimos meses, se sucedieron varios episodios de intentos de fuga y amotinamientos.
Disturbios recientes
Apenas la semana pasada, nueve reclusos del pabellón ocho de la cárcel de Emboscada protagonizaron un disturbio que fue controlado por los agentes penitenciarios. Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de un intento de fuga, las investigaciones determinaron que se trató de una protesta por las condiciones de reclusión bajo régimen especial.
Dicho evento ocurrió a menos de un mes de la fuga de ocho internos de alta peligrosidad desde la cárcel de Minga Guazú, lo que agrava la percepción de vulnerabilidad institucional. No obstante, el viceministro Maciel fue categórico al desvincular ambos episodios del incidente reciente en Itapúa. “No tenemos elementos para conectar lo ocurrido en Emboscada con lo que pasó hoy. En el primer caso, no hubo ninguna señal que indicara un intento de fuga”, insistió.
Traslado frustrado en nueva vulnerabilidad
En cuanto al traslado frustrado, se supo que fue ordenado por una jueza por motivos que no fueron especificados en detalle. A pesar de que la normativa permite que las audiencias judiciales se realicen de forma telemática para los reclusos con vínculos al crimen organizado, la magistrada decidió autorizar el movimiento físico del reo, lo que obligó a las autoridades penitenciarias a reforzar las medidas de seguridad y solicitar acompañamiento policial.
Esta situación pone de relieve un fenómeno que se ha hecho cada vez más evidente en el país: la creciente influencia de grupos criminales dentro de las penitenciarías. El PCC, organización de origen brasileño, ha logrado expandir su red operativa en varias cárceles del territorio paraguayo, ganando control y fidelidad entre internos, lo que complica las tareas de gestión penitenciaria. Cada traslado, cada audiencia presencial, cada rutina diaria se ha convertido en una posible oportunidad para que estos grupos operen en función de sus intereses, desafiando la capacidad del Estado para contenerlos.
La reacción rápida de los custodios impidió que el incidente de Coronel Bogado escalara a un enfrentamiento armado. Sin embargo, el hecho deja al descubierto una fisura estructural: el sistema penitenciario necesita mecanismos más sólidos de control, monitoreo e inteligencia preventiva, especialmente cuando se trata de internos asociados con organizaciones criminales transnacionales. La dependencia de decisiones judiciales que no siempre consideran el contexto de peligrosidad, sumada a la falta de recursos para garantizar traslados blindados, configura un escenario preocupante que requiere respuestas institucionales inmediatas.
