La Fiscalía imputa a 60 personas, entre quienes están jueces, funcionarios y abogados, en caso «Mafia de pagarés».

La Fiscalía imputa a 60 personas, entre quienes están jueces, funcionarios y abogados, en caso «Mafia de pagarés». Algunos de los procesados son los jueces de paz, Analía Cibils (La Encarnación), Nathalia Garcete (La Catedral), Víctor Rodríguez (Recoleta) y la exjueza Liliana González de Bristot (San Roque), todos de Asunción. Los magistrados fueron imputados por supuestos prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.

También la Fiscalía imputó a los actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados de empresas de cobranzas. Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presentaron la imputación.

La imputación a los actuarios judiciales es por presuntos cómplices en el prevaricato, producción y uso de documentos públicos de contenido falso; así como a los ujieres notificadores de los Juzgados de Paz de La Encarnación, La Recoleta, Catedral del 2do. turno y San Roque.

Los ujieres fueron imputados por la presunta comisión, como autores, de producción de documentos públicos de contenido falso y complicidad en el prevaricato. La imputación también alcanzó a abogados vinculados con empresas de cobranzas por los supuestos hechos punibles de instigación al prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso;

Por último, la imputación alcanzó también a oficiales de Justicia, por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

La Fiscalía imputa a 60: Auditoría fue clave

La Fiscalía informó que los antecedentes del caso surgen a partir del informe de auditoría elaborado por equipos técnicos de la Corte Suprema de Justicia, que examinaron expedientes de los distintos juzgados de Paz.

Se identificaron numerosas inconsistencias, como notificaciones supuestamente realizadas por ujieres en la misma fecha y horario, incluso en ciudades diferentes, así como mandamientos diligenciados por oficiales de justicia en condiciones similares.

Con base en la información remitida por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público solicitó órdenes de allanamiento para cinco juzgados de Paz de la capital. Desde ese momento, el equipo fiscal procedió al análisis documental exhaustivo, revisando resoluciones, escritos, nombres, fechas, horarios y localidades.

Este trabajo permitió concluir preliminarmente sobre la existencia de hechos punibles y la presunta participación de personas vinculadas a juzgados de Paz y auxiliares de Justicia, informó la Fiscalía.

La Fiscalía imputa a 60: los hechos atribuidos

Entre los hechos atribuidos, se señala que los jueces habrían dictado resoluciones judiciales contrarias a derecho, beneficiando a empresas actoras (especialmente de cobranzas), incluso cuando sabían que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se habían realizado. En muchos casos, los procesos avanzaban hasta llegar a sentencias definitivas de remate y embargos con descuentos compulsivos de salarios.

La Fiscalía imputa a 60: Actuarios y abogados

Los Actuarios, por su parte, habrían contribuido elevando informes procesales indicando falsamente el cumplimiento de notificaciones, aun cuando estas coincidían en tiempo y espacio imposibles o incluso eran notificadas en días inhábiles.

Los abogados vinculados habrían instado el avance de procesos, pese a conocer que las diligencias no se realizaron conforme a la ley, afectando garantías como el derecho a la defensa y el principio de igualdad procesal.

Ujieres, oficiales de justicia y otros

Asimismo, ujieres y oficiales de Justicia habrían reportado falsamente la realización de diligencias que, en los hechos, no ocurrieron.

Una persona sindicada en la causa abierta con relación a las actuaciones del juzgado de Paz de la Catedral del 1.er turno, presentó en la fecha recusación del equipo fiscal interviniente en esta causa, lo que lleva al equipo investigador a elevar informe sobre la causal invocada para que la superior jerárquica, la adjunta María Soledad Machuca, resuelva sobre la procedencia o no de dicha recusación, informó la Fiscalía.