El transporte público en Paraguay, particularmente en Asunción y su área metropolitana, es un problema crónico que, lejos de mejorar, se ha agravado en los últimos años. La ineficiencia, la falta de unidades suficientes y las largas esperas son parte del viacrucis diario de miles de ciudadanos que dependen de un servicio que ya no responde a sus necesidades.
El gobierno ha anunciado la implementación de un plan de reforma integral del sistema que todavía está lejos de ejecutarse. Mientras tanto, seguimos teniendo un sistema colapsado, que deja a los pasajeros con menos opciones y a merced de unidades atiborradas.
Las consecuencias del transporte público deficiente se pueden notar todos los días en nuestras calles. La ciudadanía en su necesidad de movilizarse debe hacerse de cualquier tipo de movilidad, aumentando exponencialmente el parque automotor. Esto desemboca en el caos vehicular insostenible, y el aumento de los accidentes de tránsito. El otro factor, el más trascendente, es el deterioro de la calidad de vida de la población, con horas de vidas que los ciudadanos pierden en las paradas y en los buces y tráfico colapsado.
En este escenario, la llegada de los primeros 20 buses eléctricos marca un gran paso en el proceso de modernización del transporte público. Sin embargo, es insuficiente. La transición hacia una movilidad sostenible debe estar acompañada de una política integral que incluya la implementación de una tarifa integrada, la renovación masiva de la flota y la garantía de un servicio eficiente. La capacitación de conductores y la infraestructura adecuada son pasos fundamentales para que este plan piloto no termine como otros tantos que ya pasaron por los escritorios del Ministerio de Obras Públicas.
El gobierno tiene en sus manos la posibilidad de revertir esta crisis. La modernización del sistema es una necesidad impostergable, no solo por la comodidad de los pasajeros, sino por el desarrollo mismo del país. Un sistema de transporte digno es clave para mejorar la productividad, la movilidad y la seguridad vial. La deuda del Estado no es solo económica; es, sobre todo, una deuda con los ciudadanos que, día tras día, sufren las consecuencias de un sistema que no funciona.
