La presentación del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay (Sinasip) 2025-2030 por parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) es sin dida un importante paso para la gestión de la conservación en el país. Este documento, que busca fortalecer la sostenibilidad de 128 áreas protegidas que abarcan el 15% del territorio nacional, llega en un momento en el que la preocupación por los temas ambientales demanda respuestas concretas y urgentes.
El plan incorpora estrategias que van desde el fortalecimiento de capacidades institucionales hasta la mejora de la gobernanza mediante la participación de actores clave. Además, promueve el uso de tecnologías avanzadas para el monitoreo ambiental, la investigación en biodiversidad y restauración de ecosistemas, el impulso del turismo sostenible y la creación de mecanismos de financiamiento innovadores. Sin duda, estas iniciativas son necesarias para garantizar la protección de los ecosistemas y los servicios ambientales esenciales para la sociedad.
Sin embargo, el desafío no solo radica en la implementación efectiva del plan, sino en asegurar que cuente con los recursos suficientes y el respaldo político necesario para su cumplimiento. La falta de financiamiento y el escaso control sobre actividades que amenazan las áreas protegidas han sido constantes a lo largo de los años. Por ello, es fundamental que el Mades y otras instituciones garanticen la asignación de presupuestos adecuados y la aplicación de medidas estrictas contra la deforestación, la caza furtiva y la expansión descontrolada de la frontera agropecuaria.
Asimismo, la educación ambiental se presenta como una herramienta clave para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la conservación. Una realidad es que en nuestro país el tema ambiental pasa a segundo plano y en general se siguen incentivando prácticas destructivas para los recursos naturales. La protección de las áreas silvestres no es una responsabilidad exclusiva del Estado, sino un compromiso colectivo que involucra a comunidades locales, empresas y ciudadanos en general.
Es momento de que las autoridades, el sector privado y la sociedad civil asuman el desafío con la seriedad y urgencia que la crisis ambiental exige.
