Las imágenes divulgadas sobre las condiciones inhumanas en la Penitenciaría Regional de Concepción han puesto en evidencia, una vez más, la crisis estructural del sistema penitenciario paraguayo.
Con una población carcelaria de 1.667 personas privadas de libertad en un espacio diseñado para 840, la sobrepoblación no solo degrada los derechos humanos de los internos, sino que también fomenta un caldo de cultivo ideal para el fortalecimiento de organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela.
En este contexto, el encuentro entre autoridades del Ministerio de Justicia y el Poder Judicial representa un paso tardío pero necesario para abordar la problemática del hacinamiento.
Durante la reunión, encabezada por el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, y el director de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal, Gustavo Ferriol, se planteó la necesidad de establecer un canal efectivo de comunicación entre ambas instituciones, además de facilitar el intercambio de información para agilizar la revisión de casos.
Si bien se identificaron mecanismos para aliviar la crisis, como la revisión de expedientes de personas que podrían beneficiarse con medidas menos gravosas que la prisión preventiva, la pregunta clave es por qué estas soluciones no han sido implementadas antes.
La respuesta es clara: la desidia de las autoridades judiciales y penitenciarias ha perpetuado esta realidad.
En una era de avances tecnológicos, resulta incomprensible que no se cuente con un sistema eficiente de depuración carcelaria que permita liberar a quienes cumplen penas por delitos menores y que no representan un peligro para la sociedad.
El hacinamiento en las cárceles paraguayas no es solo un problema humanitario, sino también un factor determinante en la consolidación del crimen organizado.
Mantener una sobrepoblación en estas condiciones equivale a exponer a cientos de personas a ser cooptadas por estas estructuras delictivas, en lugar de ofrecerles la posibilidad de rehabilitación y reinserción social.
Esta problemática no es exclusiva de Concepción, sino que se replica en otras penitenciarías de alto riesgo, como las de Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Misiones.
Las autoridades deben asumir con seriedad su compromiso con la implementación de políticas públicas efectivas que garanticen el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.
Caso contrario, se seguirá condenando a miles de personas a un sistema que, lejos de rehabilitar, destruye vidas y perpetúa el círculo de violencia en nuestro país.
