El abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, denunció que los informes de inteligencia que la Fiscalía utilizó en su momento para acusar al expresidente eran falsos y estaban tergiversados, un montaje total que demostró abusos de sus funciones durante su tiempo en el poder.
Según dijo Ovelar en conversación con la 970 AM, las acusaciones contra su cliente se sustentan en un montaje elaborado por funcionarios que usurparon funciones públicas y construyeron una narrativa para perjudicar políticamente al líder de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Ovelar enfatizó que el informe contenía datos manipulados sobre operaciones comerciales legítimas, presentándolas como maniobras de lavado de dinero sin sustento legal.
Un montaje y abuso ante situaciones legítimas
Uno de los puntos que destacó el abogado fue la mención de Tabesa, empresa en la que Cartes es accionista, pero no administrador. Argumentó que la normativa paraguaya no responsabiliza a un accionista por delitos de una persona jurídica, lo que invalida la acusación.
Además, el abogado descalificó las denuncias sobre la venta de cigarrillos a determinados compradores, asegurando que las transacciones fueron totalmente legales y que se declararon ante el fisco.
Ovelar también cuestionó la inclusión de antecedentes familiares de Cartes en el informe, citando el caso de un tío condenado por narcotráfico.
Para el abogado, esta mención carece de relevancia y demuestra la intención de ensuciar la imagen del expresidente sin pruebas.
De igual manera, criticó la referencia a un antiguo proceso judicial de Cartes en la década de 1980, señalando que la ley exige que un sobreseimiento definitivo borre cualquier impacto en el honor del acusado.
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Acusación contra funcionarios del Ministerio del Interior
Otro punto clave en la defensa fue la acusación contra funcionarios del Ministerio del Interior, como Daniel Faría y René Fernández, quienes, según Ovelar, actuaron sin facultades legales para acceder y redactar informes que luego utilizaron para fundamentar la denuncia.
El abogado sostuvo que la elaboración del informe fuera de las instancias correspondientes es prueba de que se manipuló información con fines políticos.
Ovelar también denunció que la revelación de información reservada a la prensa fue parte de un plan para desacreditar a Cartes ante organismos internacionales.
Sostuvo que los informes filtrados a los medios sirvieron para justificar sanciones impuestas por Estados Unidos, incluyendo la calificación de “significativamente corrupto” contra el exmandatario.
Afirmó que la maniobra buscaba presionar a entidades financieras extranjeras y afectar la estabilidad de sus negocios.
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Responsabilidades de Abdo Benítez
Sobre la posible responsabilidad del expresidente Mario Abdo Benítez en la filtración de estos documentos, Ovelar sugirió que debería responder ante la justicia. Insinuó que Abdo utilizó su influencia para que informes de inteligencia fueran transmitidos a agencias internacionales con el objetivo de perjudicar a Cartes y a su entorno político.
Además, recordó que el exmandatario reveló públicamente detalles de informes reservados antes de que llegaran a la Fiscalía, lo que, según él, confirma la estrategia de manipulación mediática.
Sanción por abuso de funciones
El abogado reiteró que la Fiscalía no sanciona a los funcionarios implicados por hacer su trabajo, sino por haber abusado de sus funciones y haber utilizado información confidencial con un propósito político.
Sostuvo que la instrumentalización del Estado para perseguir a opositores constituye una forma de terrorismo desde el poder, donde se violaron normas legales con el fin de instalar una narrativa en la opinión pública.
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Impacto sobre Cartes
Finalmente, Ovelar concluyó que el caso contra Cartes no terminó con el cambio de gobierno y que su cliente aún enfrenta consecuencias de las sanciones impuestas.
Aseguró que el expresidente tuvo que reconfigurar su estructura empresarial debido al montaje para mitigar el impacto económico de las restricciones internacionales y denunció que la persecución en su contra es una prueba de la manipulación política de las instituciones paraguayas.
