No es con detectores de metales ni “mochilas transparentes”. No es con la incriminación de culpabilidad como presupuesto inicial ni con el incremento de celadores y medidas policíacas en la escuela. No es con eso que se podrá superar la crisis de una educación que, a la evidencia de su pésima calidad, ahora suma la pobre contribución en la atención de la salud mental de niños y adolescentes.
El suceso trágico y lamentable ocurrido días atrás en Independencia puso en la discusión pública la situación de la salud emocional de quienes integran la comunidad educativa y cómo específicamente pueden existir núcleos de potenciales conflictos y “explosiones” emocionales agresivas que ponen en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y otros miembros del entorno escolar. Y, como siempre sucede, las “respuestas” ensayadas desde el propio Ministerio de Educación y desde sectores de la sociedad civil o los medios de comunicación en general, no lograron trasponer el umbral del inmediatismo, la visión parcial y hasta la incongruencia y la falta de lógica en términos de políticas públicas.
Una muestra de ello fue la amplia publicidad y hasta el aplauso populista que generó la acción de un colegio público, cuya asociación de padres invirtió casi 10 millones de guaraníes para instalar un “arco” detector de metales, como si fuera ello la panacea de la “seguridad” que se busca tener en el recinto escolar. Tal emprendimiento, visto desde la óptica acrítica y simplista de medios, autoridades y políticos, pudo generar elogios pero no ocultar la tremenda ilógica de cómo se compadecería dicho instrumento con la necesidad de que los niños y jóvenes cuenten con materiales en sus mochilas que siendo útiles e mprescindibles para sus tareas escolares contengan elementos metálicos: cutters, tijeras, sacapuntas, termos, etc. ¿Es que debemos llevar a los niños a la situación patética de “plastificar” todos sus elementos (muchos de ellos proveídos por el MEC) como ocurre en los aviones después de los hechos del 11S? ¿Qué vendrá después?
En el mismo caso, además, la propia directora del aludido colegio confesó en entrevistas que “ahora estamos viendo cómo solucionar” el tema de que al día deben pasar por dicho arco detector unos 1.500 estudiantes diseminados en los tres turnos, lo cual genera, obviamente, un congestionamiento que no se resuelve con “los padres deberían enviar a sus hijos con 10 o 15 minutos de anticipación a la escuela”. En fin, gajes de la crónica falta de lógica y de planificación que se tiene en el sistema educativo y en general en materia de políticas públicas…
Por otro lado, la respuesta “creativa” del MEC fue el programa de “Mochila transparente”, que luego debieron aclarar que se trataba de una “metáfora”, aclaración que trató de corregir lo que la opinión pública interpretó como una imposición de una mochila real hecha de plástico. Entre los balbuceos institucionales para tratar de corregir y mostrar un plan mínimamente “posible y creíble”, se habló de las deficiencias presupuestarias que llevan a que para más de 8.500 instituciones educativas públicas del país apenas se cuentan con dos centenares de psicólogos y muchos de ellos se han convertido en “personal administrativo”.
Pero bien, ante todo esto, la miopía de las autoridades sobre el tema (y sobre otros que se relacionan a la educación) demuestra que de cabo a rabo se está errando el camino.
Lo que la educación en general, y la escolar en particular, precisan en nuestro país para afrontar esto que ha mostrado un síntoma en la ciudad guaireña es redescubrir y reimpulsar los valores humanos en la comunidad.
Desde este medio hemos insistido en que la sociedad no podrá avanzar ni ser sostenible como gestora del bienestar de las personas si no está enraizada en los valores y principios que son esenciales para el ser humano. Entre ellos, recuperar el valor central de la familia en la sociedad y en la educación. Pero esto no parece estar en la agenda del Ministro de Educación y su equipo, que han venido insistiendo en un “plan de transformación educativa” que prácticamente ninguneó a la familia como base esencial de la educación, y promovieron y siguen respaldando materiales formativos que provienen de sectores que postulan la exclusión de la familia en la responsabilidad educativa para trasladársela al Estado o responden a una denominada “sociedad civil”, concepto ambiguo en el que se apuntan organizaciones que, más que expertas en educación, evidencian experticia en el lobby a favor de sesgos ideológicos o intereses políticos y económicos coyunturales.
El valor de la familia -a la cual de manera oportunista algunos achacan la única responsabilidad de una juventud con problemas emocionales- debe ser recuperado en la política educativa. Muchos ministros y ministras que poblaron esa cartera especializada ladearon a la familia en los planes educativos y parte de las crisis que se arrastran tienen que ver con eso. Especialmente, la crisis de una educación desarraigada de valores y obsesionada con la tecnología como el canto de sirenas en medio del mar del globalismo imperante.
Recuperar los valores esenciales y dar su lugar privilegiado a la familia en la educación, más que respuestas pueriles y tecnocráticas como detectores de metales y “mochilas transparentes”, es lo que se precisa para reconstruir la confiabilidad, la seguridad y la integralidad humana en la educación. Las actuales autoridades ya demostraron su inutilidad y visión miope al respecto. Habrá que ver si las próximas podrían recuperar la confianza de la gente y encaminar soluciones reales, consistentes y sobre todo, ancladas en los valores humanos y la centralidad de la familia en la formación de la persona.
