La decisión del gobierno de Santiago Peña de trasladar las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) hacia el departamento de Canindeyú, en abril del año pasado, respondía a la creciente ola de violencia que asolaba la región. Los enfrentamientos entre clanes narcotraficantes, los atentados y las ejecuciones eran parte de una disputa por territorio que se había desbordado, dejando una estela de muerte e inseguridad.
La presencia de las fuerzas de seguridad, sin embargo, si bien permitió la incautación de cargamentos históricos de marihuana, no logró frenar la maquinaria del narcotráfico que sigue operando con absoluta impunidad.
Las cifras de incautación divulgadas por las autoridades, lejos de ser una señal de victoria, revelan la magnitud del problema. Solo en el reciente Operativo Penumbra, se decomisaron 15.000 kilogramos de marihuana, una carga cuyo valor en el mercado brasileño supera los dos millones de dólares. Estos números indican la existencia de una estructura de producción y transporte que no podría sostenerse sin una vasta red de protección y silencio. La siembra, el cuidado, la cosecha, el procesamiento, el embalaje, el almacenamiento y la logística de distribución requieren la complicidad activa o pasiva de agentes de seguridad y autoridades locales.
El nombre de Felipe Santiago Acosta, alias Macho, resuena una y otra vez en los operativos de la FTC y la Senad. Supuestamente uno de los hombres más buscados del país, este capo narco continúa operando en la zona sin que las fuerzas de seguridad logren ponerlo tras las rejas. La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que una estructura criminal de tal envergadura pueda seguir funcionando sin que su líder sea atrapado? La respuesta parece estar en la fallida labor de inteligencia y, sobre todo, en la corrupción enquistada en los organismos de seguridad.
La diversificación de rutas y el uso de vehículos de lujo para el transporte de la droga, como se evidenció en el último operativo, son una muestra de la capacidad de adaptación de estas organizaciones. Pero ningún esquema de tráfico puede funcionar sin el blindaje que ofrecen las redes de protección. Las incautaciones parciales y los operativos que terminan con la fuga de los responsables son apenas golpes superficiales que no afectan la médula del negocio.
Si el gobierno pretende desmantelar realmente estas estructuras en Canindeyú, debe asumir que la mera presencia de uniformados no es suficiente. Es imprescindible depurar las fuerzas de seguridad, erradicar la corrupción y fortalecer la inteligencia para desmontar la logística criminal que sostiene al narcotráfico en la región. De lo contrario, los operativos seguirán siendo apenas un espectáculo mediático, mientras el verdadero poder narco continúa operando con la misma impunidad.
