La puesta en marcha del programa Hambre Cero en las escuelas, uno de los planes más ambiciosos del Gobierno de Santiago Peña, representa un giro trascendental en la política pública para garantizar la alimentación escolar. La decisión de sacar del control de las municipalidades y gobernaciones la ejecución del plan nutricional no es casual. La historia de la merienda escolar en Paraguay está plagada de denuncias de corrupción, donde políticos inescrupulosos y empresarios sinvergüenzas se enriquecieron a expensas del hambre de los niños paraguayos.
El argumento para concentrar la ejecución bajo el control del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) fue, justamente, asegurar que la alimentación escolar llegue en forma y condiciones a las escuelas, sin los vicios que distorsionaron su propósito original. La primera semana de implementación universal del programa dejó cifras elocuentes: cerca de 9 millones de raciones de comida servidas a más de 980.000 estudiantes en 7.036 instituciones educativas del país. Sin embargo, también emergieron denuncias de presuntas irregularidades, aunque las autoridades señalaron que solo representan el 1% de la cobertura total.
Desde el inicio, dijimos y seguimos sosteniendo que los buenos proyectos se pierden en la ejecución por la falta de celo de directores, docentes y padres, quienes deben ser los primeros contralores del plan. Las primeras denuncias permitieron corregir errores y reforzar los mecanismos de control. Ahora, el desafío es sostener esa vigilancia con el compromiso de toda la comunidad educativa.
Hambre Cero no solo busca mitigar la desnutrición infantil, sino también reducir la deserción escolar y mejorar la calidad del aprendizaje. Nadie puede aprender con el estómago vacío, y una alimentación adecuada es la base para que los niños puedan desarrollar todo su potencial. Pero para que el programa tenga los efectos deseados, se necesita que cada eslabón de la cadena cumpla su función con responsabilidad.
El gobierno tiene la obligación de ser implacable con las empresas proveedoras que incumplen contratos o entregan alimentos de mala calidad. Las sanciones anunciadas por el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae) deben aplicarse sin contemplaciones, sin importar la presión política o económica que pueda existir.
Paraguay tiene la oportunidad de demostrar que es posible ejecutar con transparencia y eficiencia un proyecto de esta magnitud. Hambre Cero no puede convertirse en otro capítulo de desencanto ciudadano. El éxito de esta política depende de una comunidad educativa activa, un gobierno firme en el control y una ciudadanía comprometida con el bienestar de las futuras generaciones.
