Por décadas, Paraguay ha sido un cielo abierto para el crimen organizado. La ausencia de radares permitió el ingreso impune de aeronaves vinculadas al narcotráfico, convirtiendo nuestro espacio aéreo en un corredor delictivo. En este contexto, el anuncio del presidente Santiago Peña sobre la compra de radares de largo alcance marca un gran paso en la política de seguridad del país.
Este hecho no es menor. Se trata de una decisión largamente postergada que busca recuperar el control de nuestro territorio, apuntando a combatir, según declaró el mismo presidente, a las estructuras criminales que han permeado todos los estratos de la sociedad. Las enormes incautaciones de cocaína en los últimos años evidencian cómo Paraguay se ha convertido en un eslabón clave del tráfico internacional de drogas.
El presidente Peña detalló que la incorporación de esta tecnología no es un hecho aislado, sino parte de un plan integral de fortalecimiento de la seguridad nacional. A esto se suma la adquisición de aeronaves militares y la modernización de las Fuerzas Armadas. Si bien el Gobierno ha dado un gran paso con esta compra, el verdadero desafío radica en la efectiva implementación de las nuevas capacidades. Un radar no es suficiente si no está respaldado por una estrategia de intercepción eficiente y una coordinación efectiva entre las fuerzas de seguridad.
La recuperación de nuestra soberanía aérea es apenas el inicio de un proceso más amplio. La seguridad en las zonas fronterizas, donde operan las organizaciones criminales, sigue siendo un punto crítico. Para que esta iniciativa tenga impacto real, se requiere una política de seguridad integral que ataque la problemática desde todos los frentes. La voluntad política parece estar. Ahora, el país espera resultados concretos.
