El sistema penitenciario paraguayo enfrenta una crisis carcelaria estructural marcada por el hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada y el uso excesivo de la prisión preventiva.
La situación quedó en evidencia tras la difusión de imágenes de la Penitenciaría Regional de Concepción, donde internos duermen hacinados, en condiciones indignas y sin espacio suficiente.
Según cifras oficiales, las cárceles del país tienen una capacidad total de 10.266 plazas, pero actualmente albergan a más de 19.000 personas privadas de libertad, lo que refleja la grave sobrepoblación en casi todas las penitenciarías.
Prisión preventiva como motivo de crisis carcelaria
El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, en entrevista con la 680 AM, reconoció que el 65 % de los reclusos se encuentra bajo prisión preventiva, es decir, sin haber recibido una condena firme.
Este porcentaje demuestra un problema de fondo en el sistema judicial, donde los procesos se extienden por largos periodos, generando una acumulación de personas en los centros penitenciarios.
“Existe una gran cantidad de personas privadas de libertad con procesos abiertos sin una condena, y esto responde a varios factores que hemos identificado”, explicó Benítez.
Los números de las cárceles hoy día
Entre los problemas detectados, mencionó que 4.500 internos poseen órdenes de detención o rebeldía por otras causas, a pesar de estar ya en prisión, lo que indica fallas en el control de antecedentes y gestión judicial.
Además, 3.816 reclusos cumplen prisión preventiva por delitos menores, como hurto (2.175 internos), robo (179), estafa (19), reducción (93), apropiación indebida (18) y resistencia (26).
Llamó especialmente la atención que haya personas encarceladas por perturbación a la paz pública, un hecho punible que, en muchos casos, no amerita medidas privativas de libertad.
LEA TAMBIÉN: Víctor Benítez dejará el Viceministerio de Justicia para asumir como juez
Estrategias para mitigar el hacinamiento
Para hacer frente a esta crisis, el Gobierno avanza en la construcción de tres nuevas penitenciarías en Minga Guazú y Emboscada, que sumarán 3.700 plazas.
No obstante, Benítez aclaró que la solución no pasa solo por edificar más cárceles, sino también por una reforma judicial profunda que evite el abuso de la prisión preventiva. En ese sentido, señaló que el Poder Judicial y la Fiscalía ya recibieron instrucciones para priorizar medidas alternativas a la cárcel cuando el delito lo permita.
La construcción de nuevos centros penitenciarios busca, además, el cierre progresivo de penales que ya no cumplen con estándares adecuados, como la Penitenciaría de Ciudad del Este, el Buen Pastor e incluso Tacumbú, si los planes de ampliación continúan.
Modelo modular y progresivo
El nuevo modelo carcelario se basa en un sistema modular y progresivo, en el que los internos avanzan en niveles de acuerdo con su comportamiento.
Para los condenados de alta peligrosidad, se habilitará un módulo de máxima seguridad, mientras que los nuevos penales estarán destinados exclusivamente a quienes ya tienen sentencia firme.
Además, se proyectan tres nuevas cárceles para mujeres en Emboscada, Coronel Oviedo y Concepción, con instalaciones adaptadas a sus necesidades específicas.
El combate al crimen organizado en las cárceles
Uno de los mayores desafíos del sistema penitenciario es evitar que las cárceles sigan funcionando como centros de operaciones del crimen organizado. Benítez admitió que el Gobierno debe fortalecer la lucha contra las estructuras criminales que operan dentro de los penales, ya que muchas de las actividades ilícitas que afectan a la sociedad se planifican desde las cárceles.
“Nuestra misión es luchar contra el crimen organizado y la corrupción dentro del sistema penitenciario, porque todo lo que ocurre en la prisión repercute en la seguridad del país”, aseguró.
En cuanto a modelos de gestión penitenciaria, se ha observado la experiencia de otros países de la región, como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, con quienes Paraguay mantiene cooperación para implementar buenas prácticas en materia de seguridad y rehabilitación.
El viceministro sostuvo que el modelo de Nayib Bukele en El Salvador es un contexto muy particular, aunque reconoció que Paraguay podría aplicar algunas de las medidas adoptadas.
No obstante, insistió en que cada país tiene su propia realidad y que las autoridades deben tomar cualquier acción con base en las necesidades locales.
Con el incremento de la población penitenciaria, la presión sobre el sistema de justicia y la amenaza del crimen organizado dentro de los penales, Paraguay enfrenta el desafío de reformar su política carcelaria para evitar que las prisiones sigan siendo focos de violencia e inseguridad.
LEA TAMBIÉN: Gobierno admite rezago en el sistema penitenciario para mujeres
