Una vez más, el tema de la superpoblación penitenciaria vuelve al centro del debate en nuestro país. La dramática realidad de las cárceles del país, evidenciada recientemente en imágenes de la Penitenciaría Regional de Concepción, confirma lo que ya hemos denunciado en numerosas ocasiones: el hacinamiento extremo convierte a estos centros en academias del crimen, en lugar de espacios de rehabilitación.
Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el sistema penitenciario paraguayo alcanzó notoriedad internacional con un documental que ubicaba la cárcel de Tacumbú como una de las peores del mundo. Pero si bien Tacumbú es el ícono de la crisis, no es la única. En el interior del país, varias penitenciarías enfrentan condiciones aún más deplorables.
El problema de fondo radica en la falta de una política penitenciaria integral que involucre a todos los organismos del Estado relacionados con la seguridad y la justicia. Aunque el gobierno ha implementado medidas paliativas, como la construcción de nuevas penitenciarías con capacidad para 3.700 internos, esto no resuelve el problema estructural. La privación de libertad debe ser el último recurso, pero hoy las cárceles están llenas de personas sin condena y de individuos procesados por delitos menores.
El sistema, diseñado para albergar a poco más de 10.000 personas, hoy soporta a casi 19.000 reclusos. La falta de clasificación adecuada y la convivencia forzada entre procesados y condenados agravan aún más la situación, generando un caldo de cultivo perfecto para la expansión del crimen organizado dentro de los penales. Grupos criminales han echado raíces en las cárceles, controlando desde adentro lo que ocurre fuera de ellas.
Es evidente que el problema no se solucionará con más infraestructura si no se ataca la raíz de la crisis. Se requiere una reforma estructural que contemple la aplicación efectiva de medidas alternativas a la prisión preventiva, la agilización de los procesos judiciales y la humanización del sistema penitenciario. No se trata solo de liberar espacio, sino de cambiar el enfoque de la política penal y carcelaria.
