El año escolar 2025, cuyo arranque está previsto para el 24 de febrero, marcará el debut de la nave insignia del gobierno de Santiago Peña en materia educativa y social: el programa Hambre Cero. Con la promesa de garantizar la alimentación de los escolares y promover su salud integral, el proyecto se presenta como una propuesta ambiciosa, pero que enfrenta una prueba decisiva en su implementación.
La iniciativa, que había excluyó del control de los municipios la gestión de la alimentación escolar, busca corregir deficiencias históricas y asegurar que los niños reciban alimentos de calidad. Pero el éxito de este plan no dependerá exclusivamente del diseño del programa, sino del compromiso y la eficiencia de quienes están a cargo de su ejecución. En demasiadas ocasiones, proyectos bien intencionados han fracasado por la desidia de los funcionarios y la indiferencia de la comunidad educativa.
El ministro de Educación, Luis Ramírez, ha señalado un aumento en la matriculación escolar, lo que podría ser una primera señal del impacto positivo de Hambre Cero. Sin embargo, garantizar la permanencia de los niños en las aulas y mejorar su rendimiento académico requiere un esfuerzo coordinado.
La comunidad educativa también debe asumir un rol activo. Docentes, directivos y padres deben involucrarse en el control y la fiscalización del programa, asegurando que los recursos lleguen a su destino y que los alimentos sean de calidad. La transparencia en la gestión de los fondos y la participación ciudadana serán determinantes para evitar irregularidades.
No hay dudas sobre la necesidad de priorizar una buena nutrición para nuestros niños en edad escolar. En un país donde miles de niños acuden a la escuela con el estómago vacío, garantizarles una alimentación adecuada es una obligación moral y una inversión en el futuro.
Como lo hemos sostenido en editoriales anteriores, la educación debe ser una prioridad nacional. Hambre Cero es una oportunidad para demostrar que un Estado eficiente puede marcar la diferencia en la vida de los niños. Pero también es una prueba de fuego para el Gobierno, que será juzgado no por sus promesas, sino por sus resultados.
