La investigación sobre presuntas irregularidades en los juzgados de paz de la capital dio un paso clave con la realización de allanamientos simultáneos en cinco dependencias judiciales, dirigidos por la agente fiscal Belinda Bobadilla.
En conversación con la 780 AM, la agente fiscal Belinda Bobadilla, precisó que los agentes intervinientes incautaron 2.800 expedientes durante los procedimientos y los someterán a un análisis detallado para determinar su relevancia en la investigación sobre la mafia de los pagarés y la posible existencia de delitos.
El caso se originó en diciembre pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía un informe de auditoría que revelaba inconsistencias en la tramitación de procesos civiles.
Entre las anomalías detectadas, se constató la presencia simultánea de notificadores en distintos puntos del país a la misma hora, lo que hizo saltar las alarmas sobre posibles manipulaciones en los expedientes.
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Intervención fiscal ante irregularidades
Bobadilla explicó que el Ministerio Público no puede actuar con base en rumores o publicaciones mediáticas, sino que necesita contar con pruebas documentales concretas antes de solicitar órdenes judiciales para intervenir en una dependencia pública o privada .
En ese sentido, la Fiscalía esperó la conclusión del informe de auditoría aobre irregularidades para contar con los elementos necesarios antes de solicitar los allanamientos.
Los fiscales asignados al caso pidieron a la Corte la remisión de antecedentes clave, lo que les permitió identificar qué expedientes debían buscarse en cada juzgado.
Durante los operativos, además de los documentos previamente identificados, también se incautaron otros expedientes que presentaban características sospechosas y que podrían aportar información relevante para la investigación.
Posibles delitos y falta de denuncias formales
El análisis preliminar de la Fiscalía apunta a la posible comisión de varios delitos, entre ellos producción de documentos públicos de contenido falso, prevaricato, cohecho y cobro indebido de honorarios. Sin embargo, Bobadilla aclaró que la figura de estafa aún está en estudio, ya que, en estos casos, el engañado sería el juez y no un particular, lo que cambia la configuración del delito.
Uno de los aspectos que más preocupa a la fiscal es que, a pesar del impacto mediático del caso, son pocas las víctimas que han formalizado denuncias ante la Fiscalía.
Explicó que algunas personas relataron su situación a los medios de comunicación, pero insistió en que deben incorporar esos testimonios a la carpeta fiscal con documentación de respaldo.
Durante los allanamientos, los fiscales recibieron información de ciudadanos que denunciaban haber sido víctimas de maniobras fraudulentas. Se encontraron casos de personas que llevaban años defendiéndose en tribunales de demandas reiteradas por la misma deuda, sin que los jueces pudieran detectar las irregularidades.
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Un proceso complejo pero con impacto en la justicia
Bobadilla reconoció que la investigación requerirá un análisis minucioso y tomará tiempo, ya que los expedientes secuestrados deben ser examinados uno por uno. No obstante, aseguró que el equipo fiscal cuenta con el respaldo institucional necesario para avanzar hasta las últimas consecuencias.
La agente fiscal afirmó que este caso podría marcar un punto de inflexión en el sistema judicial, ya que expone una posible red de corrupción dentro de los juzgados de paz. «Hay cosas que no pueden seguir como hasta ahora. La justicia debe recuperar la confianza de la ciudadanía», expresó.
Finalmente, instó a las víctimas a denunciar, ya que el éxito de la investigación también requiere la colaboración de quienes sufrieron estas presuntas maniobras irregulares. «Si no tienen documentos, al menos pueden indicarnos a qué funcionarios debemos observar con más atención», señaló, y reiteró que busca evitar que la justicia siga perjudicando a ciudadanos inocentes.
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