Han pasado más de 20 años desde la tragedia del supermercado Ykua Bolaños, donde más de 300 paraguayos perdieron la vida en un incendio que pudo haberse evitado. Sin embargo, la historia parece repetirse una y otra vez. El fin de semana, un incendio en un depósito de cubiertas en Mariano Roque Alonso cubrió de humo negro el cielo del Área Metropolitana de Asunción. La diferencia es que, en esta ocasión, no hubo víctimas fatales, pero el peligro y la negligencia fueron los mismos.

Según los bomberos, el depósito no contaba con las medidas mínimas de prevención ni con un sistema de hidrantes adecuado. Esto no es un hecho aislado. Negocios, industrias y depósitos siguen siendo habilitados sin cumplir con los requisitos esenciales de seguridad. La responsabilidad recae, en primer lugar, en los propietarios de estos establecimientos, quienes deben garantizar la seguridad de sus trabajadores y del entorno. Pero también hay otros actores responsables.

Los profesionales que diseñan y construyen estos espacios también tienen una cuota de responsabilidad. Arquitectos e ingenieros que no contemplan los sistemas de prevención en sus diseños están fallando en su deber de garantizar estructuras seguras. Sin embargo, el mayor peso de esta situación recae sobre las autoridades encargadas de controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas.

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Las municipalidades y otros organismos del Estado son responsables de verificar que las condiciones de seguridad sean adecuadas antes de habilitar un local comercial, una fábrica o un depósito. Pero la realidad es que muchas veces estos permisos se otorgan sin mayores exigencias, exponiendo a la población a riesgos innecesarios.

La tragedia de Ykua Bolaños debió haber sido una lección. Nos mostró que la falta de controles puede costar cientos de vidas. Nos enseñó que la seguridad debe ser una prioridad. Pero los hechos nos demuestran que no hemos aprendido.

Es momento de exigir cambios. No podemos esperar a que ocurra otra tragedia para reaccionar. La fiscalización debe ser rigurosa, las sanciones deben ser ejemplares y la ciudadanía también debe involucrarse en denunciar estos casos, donde la inseguridad y la falta de prevención están a la vista de todos.