Es doloroso que un país agrícola importe y permita el contrabando de frutas y verduras. Es vergonzoso que todo esto ocurra bajo la administración de un partido político que se declara agrarista. Los grandes beneficiarios de esta red delictiva contra la producción nacional y las finanzas públicas son los aduaneros y los dueños de las cadenas de supermercados.
En nuestra página, publicamos la posición de la Central de Productores Hortigranjeros del Alto Paraná, que estima que el 75 por ciento de las frutas y verduras consumidas en el territorio nacional provienen de Argentina y Brasil. Cabe mencionar que hay información de que incluso se importa ajo de China.
El golpe mortal para el trabajo agrícola es una ganancia que permite millones a los aduaneros y beneficios diseñados por los supermercadistas. De hecho, el contrabando se baila de a dos: los funcionarios de Aduanas saben quiénes son los contrabandistas y los protegen, ya que reciben pagos por cada bolsa ilegal que ingresa al país.
Esta red corrupta no solo atenta contra la agricultura, sino que también causa un enorme agujero en las arcas públicas. Con el 75 por ciento del mercado en manos de los contrabandistas, solo queda el 25 por ciento para toda la producción nacional.
Santiago Peña, ahora como nuevo presidente de la República, debe corregir el enorme déficit que deja Adbo Benitez, quien designó como jefe Anticontrabando a un tal Emilio Fuster, resultando ser un fracaso cuya nueva declaración jurada de bienes merece ser revisada minuciosamente.
El primer indicio de cambio radica en proteger la agricultura paraguaya. Esto se logra al eliminar a los corruptos de Aduanas y frenar la angurria de los supermercadistas. De lo contrario, los productos ilegales seguirán abasteciendo a los grandes negocios, lo que afectará gravemente a la producción nacional y, a su vez, generará una pérdida millonaria en ingresos tributarios para el Estado.
