El caso de presunto abuso infantil que ha conmocionado a la ciudad de Fernando de la Mora por parte de un padre que abusó sexualmente de un menor de edad, tuvo un nuevo giro judicial tras la audiencia de revisión de medidas del imputado.
La diligencia fue solicitada por la defensa del acusado, y en la misma se presentaron documentos que acreditan su arraigo en el país, además de garantías económicas para asegurar su comparecencia en el proceso.
El caso tomó relevancia debido a que el acusado es hijo de un político liberal de esta ciudad que llegó a altos cargos en el Gobierno luego del magnicidio de Luis María Argaña.
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Audiencia de revisión de medidas
El juez Miguel Ruiz, a cargo del caso, consideró suficientes las garantías presentadas por la defensa y resolvió otorgarle al acusado arresto domiciliario. La decisión implica que la comisaría jurisdiccional de su domicilio debe realizar controles aleatorios para asegurar el cumplimiento de la medida.
Además, se establecieron restricciones adicionales, tales como: Prohibición de acercamiento o comunicación con su hijo y su madre, además de prohibición de consumo de alcohol y drogas, prohibición de portar armas, y además, la obligación de asistir a todas las audiencias del caso.
El imputado presentó una garantía de 1.000 millones de guaraníes, compuesta por una fianza personal de Gs. 200.000.000 y el embargo de un inmueble valuado en Gs. 800.000.000.
Indignación y temor por resultado de la revisión de medidas
La resolución del juez Ruiz, generó preocupación y descontento en el entorno materno, y lamentaron que no se haya mantenido la prisión preventiva.
Argumentan que los antecedentes de violencia doméstica del acusado hacen que la prisión domiciliaria y las restricciones impuestas no sean suficientes para garantizar la seguridad de los involucrados en el caso.
En los próximos días, el juez deberá fijar la audiencia preliminar, en la que se definirá si el caso avanza a juicio oral y público. Entretanto, la familia del menor, siguen exigiendo justicia y advierten sobre los riesgos de la decisión judicial debido a ciertas influencias que tendría políticamente el acusado.
