La confirmación del ministro de Defensa de Paraguay sobre la cooperación de nuestro país en las acciones de control fronterizo que lleva adelante Argentina es una noticia que debe ser recibida con interés y respaldo. El crimen organizado no respeta límites geográficos ni soberanías, y su expansión en la región ha alcanzado niveles preocupantes. En ese sentido, la cooperación entre naciones afectadas por el narcotráfico y otras actividades delictivas transnacionales es una necesidad impostergable.
El Cono Sur enfrenta una crisis de seguridad que no distingue nacionalidades. Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay comparten el mismo problema: la permeabilidad de sus fronteras ha facilitado el accionar de organizaciones criminales que se benefician de la falta de coordinación efectiva entre los estados. Mientras los controles sean insuficientes y las respuestas desarticuladas, los grupos delictivos seguirán explotando las debilidades estructurales de cada país.
Las medidas implementadas por Argentina en su frontera con Bolivia, con la instalación de cercos y la posibilidad de intervención militar, reflejan el grado de preocupación que genera el avance del crimen organizado. En ese contexto, el involucramiento de Paraguay en estrategias de cooperación regional es una decisión acertada.
El refuerzo de la seguridad en los pasos fronterizos con nuestro vecino del sur, particularmente en Áreas como Itapúa, Misiones y Ñeembucú, debe ser acompañado de un enfoque integral que incluya tecnología de vigilancia, capacitación de personal y coordinación con otras agencias internacionales. Con antelación, en nuestro país ya se había expandido la zona de operación de las Fuerzas de Tareas Conjuntas hacia aquellos departamentos citados, precisamente para reforzar la seguridad y combatir a las organizaciones delictivas.
El combate al narcotráfico y a otras actividades ilícitas no puede depender solo de la voluntad política de un gobierno de turno, sino de un compromiso sostenido entre las instituciones y la ciudadanía. La seguridad no es un tema exclusivo de las fuerzas públicas, sino una condición esencial para el desarrollo económico y social. La violencia y el delito afectan por igual a todos los países de la región, y la única respuesta posible es una acción conjunta, firme y decidida.
