La función pública en Paraguay arrastra una pesada carga de prejuicios, marcados por el clientelismo y la ineficiencia. Durante décadas, el ciudadano ha sufrido las consecuencias de un aparato estatal que frecuentemente priorizó intereses particulares sobre el bien común. En este contexto, la nueva “Ley de la función pública y de la carrera del servicio civil”, promulgada por el presidente Santiago Peña abre, por primera vez, una oportunidad para un cambio profundo.
Esta normativa apunta a eliminar las prácticas que han minado la credibilidad de las instituciones, estableciendo concursos y evaluaciones de mérito como la base para el ingreso y ascenso en la carrera pública. Es un paso firme hacia la profesionalización, que también protege a los contratados que ingresaron por mérito, dignificando su rol en el servicio al ciudadano.
Más allá de las disposiciones generales, la ley destaca por su enfoque en sectores clave como la docencia, la medicina y la enfermería, pilares del desarrollo nacional. El fortalecimiento de estas áreas viene a responder a una deuda histórica con la sociedad y además apunta a sentar las bases para un Estado más eficiente y orientado al bien común.
Sin embargo, el reto principal radica en la implementación. La voluntad política demostrada por el gobierno debe traducirse en acciones concretas que permitan depurar al funcionariado, eliminando las ineficiencias y reconociendo a quienes realmente cumplen con su labor. Es momento de que los servidores púbicos también sean conscientes de que deben honrar la confianza ciudadana. En un mundo que tiende hacia la optimización del tamaño del Estado, Paraguay también tiene que avanzar hacia esa dirección.
Ser funcionario no debe ser un privilegio, sino una responsabilidad hacia el ciudadano, quien merece un servicio de calidad y respeto. El Estado existe gracias al esfuerzo de los contribuyentes, y estos esperan soluciones y atención efectiva.
Esta ley es un primer paso, pero su éxito dependerá de la vigilancia ciudadana, el compromiso de los líderes y la transparencia en su ejecución. Es momento de dignificar la función pública, de reconstruir la confianza en las instituciones y de garantizar que el Estado sea, finalmente, un aliado del desarrollo y no un obstáculo para el progreso.
