La Fiscalía informó que la fiscal Natalia Cacavelos imputó a dos suboficiales de la Policía Nacional y solicitó Prisión preventiva para los mismos. Estos policías podrían ser los proveedores de las municiones que usa el crimen organizado en la frontera.
Se trata de Luis Alberto Zelada Echagüe, y Cristhian Daniel Ramos Agüero, quienes prestarían funciones en la Policía Nacional. Hasta el momento, fueron imputados por hurto agravado, detentación y tráfico ilícito, estos dos últimos hechos, conforme a las disposiciones previstas en la Ley especial de Armas luego de ser sindicados por la sustracción de 2500 municiones de calibre 9 mm.
Todo inicia el pasado 17 de setiembre entre las 07:00 y las 10:00 aproximadamente, cuando el sub oficial inspector Cristhian Daniel Ramos Agüero, se encontraba cumpliendo funciones en la armería de la Agrupación de Seguridad de la Comandancia de la Policía Nacional.
En el lugar, este habría sustraído 2500 (Dos mil quinientas) unidades de municiones sin percutir, calibre 9x19mm, propiedad de la Policía Nacional correspondientes al Programa N°10 de la Tesorería de Operaciones contra grupos criminales, las cuales se habrían encontrado resguardadas en el interior de la referida armería.
Valiéndose del acceso al lugar de resguardo, habría trasladado por tandas, los 2500 cartuchos hasta su vehículo particular.
El mismo día, siendo aproximadamente las 12:00, el sub oficial mayor Luis Alberto Zelada Echagüe, personal interno de la Agrupación de Seguridad y quien en ese momento se encontraba con reposo médico, habría llegado al lugar y requerido la entrega de las municiones sustraídas, comprometiéndose a abonar a Ramos Agüero la suma de 8.000.000 de guaraníes. Una vez en posesión de los mismos habría abandonado el sitio.
Luego de la entrega, Luis Zelada habría efectuado un primer pago, por la suma de 1.000.000 de guaraníes y se encontraría pendiente la entrega de los 7.000.000 restantes.
Para ello, y en el contexto de las negaciones, Cristhian Ramos y Luis Zelada habrían mantenido conversaciones previas a través de las cuales habrían coordinado las acciones tendientes a la sustracción de los cartuchos y el pago acordado.
Posteriormente, el pasado 21 de setiembre luego de una verificación efectuada por disposición de la jefatura de la Agrupación de Seguridad y del encargado de la verificación del inventario de armas, equipos y municiones, se verificó el faltante.
Conforme a la información preliminar obtenida, parte de los cartuchos sustraídos habrían sido comercializados en Pedro Juan Caballero, con la intermediación de uno de los presuntos autores, informó la Fiscalía.
