Esta semana entra en vigencia la Ley 7447/2025, que establece un criterio tributario único para la habilitación de vehículos, marcando un paso importante hacia la igualdad y justicia fiscal entre los municipios. La normativa, que busca evitar la fuga de contribuyentes, unifica los costos según la categoría del vehículo, dejando atrás un sistema desigual que permitía a los ciudadanos buscar la habilitación más barata en cualquier localidad. Bienvenida sea esta iniciativa, que no solo nivela el terreno tributario, sino que elimina una práctica que fomentaba la inequidad entre los contribuyentes.
Sin embargo, más allá del aspecto recaudatorio, urge abordar el verdadero propósito de la habilitación vehicular: garantizar la seguridad vial. La habilitación no debe ser simplemente un trámite administrativo, sino un proceso riguroso que certifique que los vehículos están en condiciones óptimas para circular. Actualmente, solo unos pocos municipios —apenas tres o cuatro de los más de 260 existentes— realizan inspecciones técnicas vehiculares serias. El resto expide habilitaciones «a ojo», sin verificar el estado real de los rodados.
Como resultado, nuestras calles y rutas se convierten en escenarios de riesgo, con vehículos que ya deberían haber sido descartados, poniendo en peligro a conductores, peatones y pasajeros. Es inadmisible que un documento que debería asegurar la seguridad vial sea, en la práctica, una mera fuente de ingresos para las municipalidades.
La entrada en vigencia de esta normativa representa un primer paso, pero no puede ser el único. Es fundamental que las autoridades impulsen la implementación de inspecciones técnicas vehiculares, obligatorias y uniformes en todo el país. La seguridad vial debe ser una prioridad, no una consecuencia secundaria de la recaudación fiscal.
La habilitación vehicular debe transformarse en un verdadero certificado de idoneidad técnica. Esto requiere voluntad política, recursos y coordinación entre los municipios y el Gobierno central. La ciudadanía merece calles más seguras y un sistema de tránsito que priorice la vida por sobre el interés económico.
Es el momento de avanzar hacia una política vial que responda a las necesidades reales del país, apuntando hacia una reforma que salve vidas.
