En los últimos días dos compañeros trabajadores de prensa fueron víctimas de amenazas a causa de la labor periodística que desempeñan, en ambos casos las amenazas guardan relación con denuncias relacionadas a hechos de corrupción pública supuestamente cometidos por autoridades municipales. Exigimos a los entes estatales una pronta y adecuada respuesta que permita garantizar la vida y la seguridad de los colegas, así como una investigación adecuada de los hechos a fin de sancionar a los responsables de las amenazas, dice un comunicado de gremios de periodistas.
El documento lleva la firma de Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay; y de Beatriz Pompa, secretaria general de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay.
El compañero Vicente Godoy, quien ejerce como comunicador en el Distrito de Horqueta, ha denunciado desde hace varios años casos de corrupción en la ejecución de obras públicas en el Municipio de Horqueta. El pasado jueves 18 de mayo recibió mensajes de audio donde proferían amenazas contra su vida, por este motivo el colega debió abandonar la ciudad para refugiarse en otro sitio, denuncian los gremialistas.
Por otra parte, Anibal Gómez Figueredo, periodista de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fue amenazado por el concejal Ignacio Cantero, a quien había cuestionado por supuestamente haberse aprovechado de su rol como concejal para obtener beneficios irregulares, la amenaza se dio mediante un llamado telefónico del propio concejal al periodista, agregan.
En ambos casos los hechos se desarrollan en territorios con antecedentes de violencia hacia periodista, en este sentido vale recordar que estas situaciones han llevado a que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos califique a las zonas fronterizas de Paraguay como una “zona silenciada” donde el ejercicio del periodismo está en riesgo. En estos lugares la censura se impone por vía de la violencia buscando acallar a quienes desde su rol como comunicadores ejercen la crítica o realizan cuestionamientos de cualquier tipo a poderes públicos y/o fácticos (como los grupos vinculados al crimen organizado), dice el documento.
Ante esta situación hemos alertado a la Mesa de Seguridad para Periodistas, así como a los entes públicos que la componen a fin de que se tomen todos los recaudos para garantizar la vida y la seguridad de los compañeros periodistas y sus familias, esperando que los protocolos y otros instrumentos normativos relacionados a la protección de periodistas se cumplan en estos casos. Además, en este contexto, reiteramos la importancia de la pronta aprobación de la propuesta de Ley de Protección a Periodistas y Defensores de DD.HH que hemos presentado ante la Cámara de Senadores junto a otras organizaciones, concluyen.
