Al finalizar el año y al hacer una evaluación del sistema penitenciario en nuestro país, no se puede dejar de reconocer que en el 2024 se tuvo un enfoque inédito en la problemática penitenciaria. Se realizaron operativos dirigidos a desarticular los poderes fácticos que habían encontrado refugio en nuestras cárceles. Además, el traslado de internos peligrosos a centros de mayor seguridad y los cateos para eliminar privilegios y restablecer el orden fueron medidas positivas que apuntan a restaurar el control del Estado dentro de las cárceles.
El Ministerio de Justicia también cerró el año con un logro importante en su política de reinserción social: 237 personas privadas de libertad (PPL) lograron empleos remunerados gracias a la instalación de 10 empresas en diversas penitenciarías del país. Este esfuerzo, fruto de una alianza público-privada, demuestra que la capacitación laboral y el desarrollo de habilidades pueden convertirse en herramientas poderosas para transformar vidas y preparar a los internos para una reintegración efectiva a la sociedad.
Entre los logros destacados, empresas como Mega Plásticos, Dreamy International y River’s S.A. ofrecieron empleo en sectores tan diversos como la fabricación de batas hospitalarias, ajuares para bebés y ropa industrial. Estas iniciativas no solo generaron ingresos dignos para las personas privadas de libertad, sino que también demostraron que las cárceles pueden ser espacios de rehabilitación y aprendizaje, alejándose del pasado oscuro en el que estos centros eran símbolo de descontrol y destrucción de vidas.
Sin embargo, para consolidar estos avances es imprescindible que el Poder Judicial también haga su parte. La mora judicial sigue siendo un gran obstáculo para reducir la población penal y garantizar un mejor control de los internos. La resolución oportuna de los casos permitirá que quienes cumplan con los requisitos legales puedan acceder a una reinserción efectiva, descongestionando los centros penitenciarios y promoviendo un sistema más eficiente y humano.
El futuro del sistema penitenciario depende de la capacidad del Estado para mantener el control y fomentar la rehabilitación. Un sistema penitenciario eficiente no solo beneficia a quienes se encuentran privados de libertad, sino que también contribuye directamente a mejorar la seguridad y la calidad de vida de toda la sociedad. Este año ha demostrado que es posible avanzar, pero también nos recuerda que queda mucho por hacer.
