El Ministerio de Justicia activó una alerta máxima tras recibir información sobre posibles operativos de rescates de personas privadas de libertad, presuntamente los mismos serían perpetrados por el crimen organizado. Este domingo, las autoridades tomaron la decisión tras recibir un aviso de inteligencia de Asuntos Penitenciarios y la Policía Nacional, lo que motivó el refuerzo inmediato de las medidas de seguridad en las principales penitenciarías del país.
Según indicó el viceministro de Política Criminal, Víctor Manuel Benítez, las cárceles más vulnerables serían la de Tacumbú y la de Emboscada, aunque no se descartan otras instituciones. Hoy lunes, ocho internos de Tacumbú tienen programadas comparecencias presenciales ante los juzgados y contarán con un operativo de vigilancia reforzado para evitar cualquier intento de fuga. «Ninguno de los perfiles destaca como de alta peligrosidad, pero debemos extremar medidas ante el riesgo latente», señaló Benítez.
Operativo preventivo para evitar posibles rescates
El Ministerio solicitó a los juzgados priorizar el uso de audiencias telemáticas en las próximas semanas, como medida para mitigar riesgos. Además, en penitenciarías como la de Minga Guazú, se habilitó una sala de juicios orales que permite a los Tribunales de Sentencia, realizar sus sesiones dentro del penal, evitando traslados de reclusos.
Aunque no se han revelado detalles sobre qué grupo criminal estaría detrás del supuesto plan ni quiénes serían los reclusos objetivos, las autoridades temen que se trate de un operativo similar a los ocurridos en países vecinos como Brasil, donde comandos delictivos lograron rescates espectaculares de presos de alta peligrosidad.
Desde principios de diciembre, el Ministerio de Justicia implementó un plan de seguridad para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, debido a que organizaciones criminales suelen aprovechar estas fechas para ejecutar fugas o desestabilizar los centros penitenciarios. Estas acciones incluyen el apoyo de militares en los operativos, así como controles más estrictos en los accesos y monitoreo constante dentro de las cárceles.
Tradicional indulto presidencial
Por otro lado, el Ministerio de Justicia presentó al Poder Judicial la lista de reclusos que podrían beneficiarse del tradicional indulto presidencial de fin de año. La propuesta contempla principalmente a personas privadas de libertad en condiciones de alta vulnerabilidad o merecen una segunda oportunidad por venia del presidente y entre ellos se encontrarían los adultos mayores, mujeres que viven en prisión con sus hijos, indígenas, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGTBI.
El Poder Judicial se encuentra verificando que los candidatos cumplan con los requisitos legales y, una vez concluido el proceso, remitirá el documento al presidente de la República, Santiago Peña. El mandatario decidirá si otorga este beneficio, que busca brindar una segunda oportunidad a ciertos reclusos en circunstancias específicas.
El viceministro Benítez subrayó que este indulto responde a criterios humanitarios y no implica liberar a personas condenadas por delitos graves o violentos.
«El objetivo es identificar a aquellos que verdaderamente necesitan este beneficio y cumplen con todos los requisitos legales», afirmó a la 1080 AM.
Con esto, el Ministerio de Justicia enfrenta un doble desafío: garantizar la seguridad en los penales frente a posibles intentos de fuga y, al mismo tiempo, avanzar en políticas de reinserción social. Ambas acciones son fundamentales para mantener el orden y la estabilidad en el sistema penitenciario, especialmente en una época del año donde las tensiones tienden a aumentar.
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