Allanamiento con extorsión desembocó en la condena de los funcionarios. Esto pasó con un policía, un aduanero y un estibador, quienes, según la sentencia, apretaron a un comerciante para sacarle dinero, con la excusa de una intervención por supuesto contrabando.
Óscar Villamayor Báez, exjefe de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) y Rodolfo Martínez Molinas, ex policía de Delitos Económicos, fueron condenados a 5 años de prisión; mientras que el estibador Alcides Ramón Ayala, fue condenado a 3 años de prisión. Todos fueron hallados culpables de extorsión a un comerciante de San Lorenzo, según informes de la Fiscalía.
Los agentes del Ministerio Público, que investigaron el caso, fueron Néstor Coronel y Luz Guerrero.
Rodolfo Martínez Molinas y Óscar Erwin Villamayor Báez fueron acusados por de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y extorsión en calidad de coautores; y usurpación de funciones públicas en calidad de cómplices.
Alcides Ramón Ayala fue acusado por cohecho pasivo agravado en calidad de cómplice; extorsión en calidad de coautor y usurpación de funciones públicas en calidad de autor.
El hecho ocurrió el 9 de septiembre de 2022. El proceso fue largo, pero culminó estos días con la condena de los tres mencionados.
Allanamiento con extorsión desembocó: relato
Martínez Molinas, oficial inspector de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional y Villamayor Báez, agente especial de la Dirección Nacional de Aduanas, allanaron un local comercial ubicado en la avenida San Pedro casi Rómulo de la ciudad de San Lorenzo.
Ellos supuestamente investigaron un supuesto hecho de contrabando. También se encontraba Ayala, quien se presentó como supuesto funcionario de Aduanas.
La acusación de la Fiscalía señala que durante el procedimiento, Villamayor solicitó al esposo de la propietaria del lugar la suma de 50 millones de guaraníes para evitar la incautación de sus mercaderías.
Como el hombre no accedió, lo amenazaron con llevarse todo lo incautado, además de su camioneta, y que sería imputado por el Ministerio Público.
La forma que cambió la historia
La Fiscalía relata que tras varias negociaciones, entre los supuestos intervinientes y el comerciante, quedaron en la entrega de 20 millones de guaraníes. Sin embargo, los acusados de igual forma llevaron las mercaderías incautadas. Entonces, ahí cambió la historia para los funcionarios.
Una semana después, los acusados volvieron a constituirse en el referido local y dijeron a los dueños que debían pagar 250 mil guaraníes de manera semanal, tanto para la Aduana como para la Policía, para evitar que se produjeran nuevos allanamientos.
La denuncia se realizó en la Fiscalía, se llevó el proceso judicial, y el resultado fue la condena de los funcionarios.
