CARMEN DEL PARANÁ, Itapúa. Pese a la fuerte oposición ciudadana ante lo que califican un despojo de bienes municipales, la Junta Municipal de este distrito aprobó por mayoría la venta de un inmueble comunal a una empresa inmobiliaria interesada en la construcción de un barrio cerrado. Mientras se desarrollaba la sesión del cuerpo colegiado, unas 150 personas se manifestaron frente a la sede del Gobierno comunal para exigir el rechazo del proyecto. Adelantaron que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia.
Por ocho votos a favor y cuatro en contra, la Junta Municipal de este distrito aprobó un proyecto de compra de un inmueble comunal presentado por la empresa inmobiliaria empresa Paraqvaria Aero y Marina Country Club, durante la sesión del les ultimo.
La empresa había presentado una propuesta de adquisición de la Finca número 563, Padrón 3688, de 134 hectáreas, a un precio de G. 15.000 el metro cuadrado, pagadero en cuotas a 10 años de plazo.
La propuesta fue presentada al intendente municipal, Germán Gneiting Rodríguez (ANR) el 23 de octubre pasado, y girado a la Junta para su estudio. La reacción ciudadana fue de rechazo a la venta de tierras municipales a una empresa inmobiliaria foránea que tiene proyectado un “country club”, mientras hay más de 1.000 solicitudes de compra de terrenos municipales por parte de vecinos de la comunidad.
El presidente de la comisión de Legislación Hacienda y Presupuesto de la Junta, Guillermo Zub (ANR), se había manifestado contrario a la venta del bien comunal en las condiciones planteadas, y propuso un análisis más profundo y detallado para la formulación de un proyecto urbanístico que atienda los intereses de los vecinos. Propuso, sin resultados, elaborar un programa que atienda los reclamos ciudadanos de acceder a un terreno y vivienda propios.
“A mi no me parece que sea lo mejor que teniendo 1.000 solicitudes de terrenos en Carmen del Paraná, teniendo gente que no tiene acceso a una vivienda y un terreno, tengamos que vender absolutamente todas nuestras tierras públicas a una empresa privada, en un contrato cerrado, las 134 hectáreas”, había señalado el edil, a través de un material audiovisual compartido en las redes sociales.
Cómo votaron
La Junta aprobó la resistida propuesta por una mayoría absoluta de ocho votos contra cuatro. Los que votaron por el despojo del bien municipal son los concejales Herman Paredes (ANR-HC, presidente de la Junta); Máximo Gómez (ANR); Federico Pereira (ANR); José Cantero (ANR); Enzo Stempien (ANR ); Roberto González (ANR); Vicente Tiribe (ANR), y Leonardo Ronsewski (ANR). Los concejales que votaron en contra de la venta son Alcides Ayala (Independiente), Mario Paniagua (PLRA), Daniel Viveros (Independiente), y Guillermo Zub ( ANR).
Vecinos recurrirán a la Corte
Un grupo de vecinos autodenominados “ciudadanos indignados” que realizó manifestaciones y solicitó a la Junta Municipal el rechazo del proyecto de venta del inmueble municipal adelantó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia ante lo que califican como una decisión nula asumida por la Junta, por vulnerar principios rectores que orientan los procesos de ventas y adquisiciones públicas, entre los cuales cita el principio de economía, eficacia y eficiencia; imparcialidad; integridad y buena fe, primacía del interés general, probidad y ética, razonabilidad, igualdad y libre competencia, y transparencia y publicidad.
Los vecinos expresan su “rechazo total” a la venta directa del inmueble y la “urgente atención y solución a las más de 1.000 solicitudes de terreno municipal” de los vecinos de la comunidad, obrante en mesa de entrada de la administración municipal.
Pablo Bordón, uno de los coordinadores del grupo de “ciudadanos indignados”, señaló que un equipo de juristas está trabajando para presentar un amparo constitucional contra lo que califican como un “despojo” a la ciudadanía carmeña.
Mediante la presión ciudadana se logró que la Junta apruebe la venta del 60 por ciento de las tierras solicitadas. De un total de 154 hectáreas de la finca, descontando la ruta y algunos terrenos ya vendidos, sobran 134 hectáreas, de estas 134 hectáreas se vendió 86 hectáreas, indicó. Mediante una acción legal los vecinos esperan impedir se concrete la operación de venta.
