El roaming en Mercosur debe costar el mismo precio que una llamada local. Así establece el acuerdo que los países firmaron. Ahora avanzan los trámites para que el documento esté totalmente vigente en el bloque sudamericano.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún y el embajador de la República Argentina en Paraguay, Guillermo Nielsen, firmaron este viernes el acta de depósito del instrumento de ratificación por parte de Argentina relativo al Acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur.
El documento fue suscrito en la ciudad de Santa Fe, República Argentina, el 17 de julio de 2019 y los trámites burocráticos siguen su curso.
Tiene por objetivo establecer las pautas para el servicio de itinerancia internacional (roaming) entre los proveedores de telecomunicaciones que prestan servicios de telefonía móvil, mensajería y datos móviles, en los Estados Partes del Mercosur.
Establece que dichos proveedores deberán aplicar a los usuarios, que utilicen el servicio de itinerancia internacional en territorio de otro Estado Parte, los mismos precios que cobran por los servicios móviles en su propio país, conforme a la modalidad y plan contratado por cada usuario.
El acuerdo para eliminar el cobro de roaming en los países del Mercosur entró en vigor el 22 de febrero de 2024 en Paraguay y Uruguay.
Una de las disposiciones del acuerdo es que cada Estado debe supervisar que los proveedores ofrezcan la misma calidad de servicio a los usuarios de roaming que a los nacionales.
Otra de las disposiciones es que cada país, una vez que su Congreso aprueba el documento internacional, debe depositarlo en Paraguay. Esto fue lo que ocurrió este viernes, 29 de noviembre. Argentina lo hizo. Falta Brasil.
El acuerdo también crea un Comité de Coordinación Técnica para supervisar la implementación y el cumplimiento de sus disposiciones.
Todos los Congresos de cada uno de los países del Mercosur deben aprobar el acuerdo. Una vez alcanzado esto, cada país podrá realizar la aplicación de la ley a través de las empresas prestadoras de servicios.
